El Gobierno nacional logró dictamen para el Presupuesto 2026, pero el avance legislativo no puede ocultar lo central: se trata de un proyecto construido sobre mentiras, insensibilidad social y un ajuste feroz que golpea de lleno a los sectores más vulnerables. Bajo el discurso del “orden fiscal”, el oficialismo impulsa la eliminación del financiamiento al Hospital Garrahan, a las universidades públicas y a las políticas destinadas a personas con discapacidad.
Uno de los puntos más graves es el rol del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien mintió de manera deliberada al intentar minimizar el alcance del recorte. Durante el debate, negó que el Presupuesto implicara la quita de recursos a la discapacidad y a áreas sensibles, cuando el texto del dictamen es explícito: el Estado nacional se retira y traslada responsabilidades sin fondos a provincias y familias. No fue una confusión técnica: fue una decisión política de ocultar el ajuste.
El dictamen fue posible gracias al acompañamiento del PRO, la UCR y de los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, que volvieron a garantizarle gobernabilidad a Javier Milei aun cuando el costo social es evidente. En el mismo paquete, el oficialismo también consiguió las firmas para avanzar con la llamada ley de Inocencia Fiscal, en un contraste obsceno: indulgencia para evasores y recorte para quienes dependen del Estado para sobrevivir.
La eliminación del financiamiento nacional a la discapacidad expone con crudeza la insensibilidad del Gobierno. No se trata de números en una planilla: se trata de tratamientos, acompañantes terapéuticos, transporte y derechos básicos que quedan librados al mercado o a la capacidad económica de cada familia.
En Córdoba, la pregunta es inevitable: ¿qué hará Luis Juez? El senador y referente provincial de La Libertad Avanza, que construyó su discurso político diciendo defender a los más débiles, deberá explicar si avala un Presupuesto que ajusta sobre personas con discapacidad. El silencio, en este caso, no será neutralidad: será complicidad.
Frente a este escenario, Fuerza Patria y Unidos presentaron dictámenes propios y denunciaron que el Presupuesto 2026 no es una ley de planificación, sino una herramienta de castigo social y de mentira política. El miércoles, cuando el proyecto llegue al recinto, no sólo se votarán partidas: se votará si el Congreso convalida un Estado ausente, insensible y dispuesto a mentir para justificar el ajuste.