El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue la actuación del Tribunal de Cuentas de la Provincia en el expediente administrativo N.º 0002-050337/2025, en lo que el Gobierno provincial considera una maniobra de alto impacto institucional destinada a bloquear la política de seguridad y alimentar una ofensiva política encabezada por el senador Luis Juez y su entorno.
La denuncia, formulada ante el Ministerio Público Fiscal conforme a los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal, pone bajo la lupa la decisión del órgano de control de observar el gasto y negar el visado de un expediente clave para la incorporación de tecnología de punta en materia de seguridad pública.
Según el planteo del Ministerio, el Tribunal de Cuentas habría incurrido en una clara extralimitación de funciones al abandonar el control preventivo de juridicidad —el único habilitado por ley— para avanzar sobre valoraciones de oportunidad, mérito y conveniencia, facultades que corresponden de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. La conducta denunciada no solo vulneraría el marco legal vigente, sino que además afectaría de manera directa el principio constitucional de división de poderes.
Pero la denuncia va más allá de una discusión técnica. En el Ejecutivo interpretan la actuación del Tribunal como parte de una estrategia política coordinada, alineada con el discurso del senador Luis Juez y su espacio, orientada a paralizar decisiones de gobierno y a erosionar la gestión en un área particularmente sensible como la seguridad.
Desde el Ministerio de Seguridad remarcan que las observaciones formuladas carecen de sustento jurídico concreto y se apoyan en calificativos rimbombantes y acusaciones graves, sin pruebas, que luego son amplificadas en el plano político y mediático. En ese sentido, advierten que términos como “fraude”, “corrupción”, “traje a medida”, “sobreprecios” o “cajas negras” fueron utilizados con total liviandad, con el único objetivo de instalar sospechas y construir un relato de campaña.
Quinteros fue categórico al explicar los motivos de la denuncia. Señaló que, frente a acusaciones de extrema gravedad —muchas de ellas de carácter personal— y sin elementos que las respalden, la única respuesta institucional posible es acudir a la Justicia. “Que sea la Justicia la que tenga la última palabra”, afirmó, al tiempo que denunció un claro abuso de autoridad.
El ministro también apuntó a las consecuencias concretas de la maniobra: la obstrucción indefinida de un proceso de adquisición tecnológica clave para mejorar la prevención del delito y fortalecer la seguridad ciudadana. Para el Gobierno provincial, no se trata de una discusión administrativa, sino de una decisión que impacta directamente en la vida cotidiana de los cordobeses.
En ese marco, Quinteros denunció que detrás de la actuación del Tribunal de Cuentas se buscó “brindar a un jefe político un marco discursivo” para instalar una campaña “falaz y estigmatizante”, utilizando instituciones públicas con fines personales y electorales. Sin nombrarlo explícitamente, el señalamiento apunta de lleno a Luis Juez y a su entorno, a quienes el oficialismo acusa de instrumentalizar organismos de control para hacer política partidaria.
“El límite es la seguridad de la gente”, repiten en el Ejecutivo, donde consideran que el juecismo volvió a apostar a la lógica del bloqueo y la judicialización como herramienta política, aun a costa de frenar políticas públicas esenciales.
El conflicto abre ahora un escenario de máxima tensión institucional y traslada la disputa al terreno judicial. Pero también deja expuesta una pelea política de fondo: la utilización de los órganos de control como plataformas de confrontación, con la seguridad pública como rehén de una estrategia de desgaste.