La gestión de Nucleoeléctrica Argentina quedó envuelta en nuevas sospechas de corrupción tras avanzar con la tercerización del servicio de comedor de la Central Nuclear Embalse, una contratación que multiplica por más de diez el costo de un servicio que hasta ahora se realizaba con personal propio del complejo.
De acuerdo a documentación oficial, la licitación del servicio de comidas debía adjudicarse en diciembre, pero el proceso nunca se concretó. Lejos de transparentar la situación, en enero se otorgó una prórroga y recién ahora se prevé la apertura de pliegos para el próximo 5 de febrero. Las demoras, los cambios de fechas y el silencio oficial alimentan las dudas sobre el verdadero trasfondo de la contratación.
Según la Solicitud de Pedido N° 10114530, el contrato estaba previsto para iniciar el 1 de diciembre de 2025 y extenderse por 24 meses. El dato más llamativo es el presupuesto: el costo estimado pasó de unos 450 millones de pesos a 10.551 millones, ajustables. Diez veces más por el mismo servicio, sin que exista hasta el momento una justificación técnica, operativa o de calidad que explique semejante salto.
La maniobra resulta aún más sensible porque el comedor de la Central Nuclear Embalse era operado por trabajadores de la propia empresa. Ahora, ese personal sería desplazado y “reubicado” en otras tareas, según admitió una fuente interna, mientras se abre una caja multimillonaria para empresas privadas. En los hechos, se reemplaza trabajo estatal por un negocio tercerizado de cifras extraordinarias.
El avance de esta licitación se produce pocos días después de la salida de dos gerentes de Nucleoeléctrica, en medio de denuncias por presuntas irregularidades y sobreprecios en otros contratos. Bajo la gestión de Damián Reidel, las decisiones que involucran grandes sumas de dinero público parecen repetirse con un mismo patrón: tercerización, aumento exponencial de costos y procesos administrativos opacos.
Puertas adentro de la empresa, las sospechas apuntan a un posible direccionamiento de la contratación y a la falta de controles internos efectivos. La combinación de plazos incumplidos, presupuestos inflados y desplazamiento de personal propio configura un escenario que, como mínimo, exige explicaciones urgentes y auditorías independientes.
Mientras los pliegos se preparan para abrirse, las preguntas se acumulan: por qué se encarece de manera tan abrupta un servicio básico, quiénes están detrás del negocio y si esta licitación es otro eslabón de una cadena de decisiones que comprometen recursos estratégicos del Estado en una empresa clave para el sistema nuclear argentino.