Las plantas automotrices de Stellantis (Peugeot-Citroën) en El Palomar, y de Toyota en Zárate cerrarán turnos productivos y encienden las alertas por la posibilidad de ola de despidos en un sector que también clave en la provincia de Córdoba.
En Toyota -que ya ejecutó 700 despidos en lo que va de la era Milei- tienen previsto desprenderse de otros 500 trabajadores en Zárate a partir de reducir de tres a dos turnos de producción.
En enero, la compañía japonesa produjo en su planta de Zárate 5.266 unidades, algo que significó -según datos de la propia firma a los que tuvo acceso LPO- un derrumbe del 38,5%, la caída más profunda a escala global, solo superada por la planta de Canadá.
Stellantis, en tanto, ya venía con esquemas de suspensiones recurrentes. Solo en lo que va dee 2026 se aplicaron tres tandas de parálisis en la producción.
Ahora, se conoció que la empresa proyecta cortar un turno y abrir un esquema de retiros voluntarios. Según detalló el sitio especializado A Rodar Post, la decisión fue tomada la semana pasada y recién este miércoles se comunicó a los delegados de la UOM.
En El Palomar, Stellantis produce la Citroën Berlingo y los modelos de Peugeot 208, 2008 y Partner. En la empresa hablaron de un «reacomodamiento gradual» del volumen de producción con el fin de ajustarlo al mercado local pero, sobre todo, al brasileño. Por eso, prevén abrir en ma en mayo un plan de retiros voluntarios.
«Esta definición se desarrolla con un proceso informativo hacia el personal, los delegados, el sindicato y los proveedores, en estricto cumplimiento con las normas y leyes laborales vigentes, privilegiando el respeto y el compromiso con los integrantes de la cadena de valor», señaló la empresa.
Lo concreto es que la producción automotriz agudiza una crisis brutal que, en febrero, expuso un 30 por ciento de caída respecto al mismo mes del año pasado, mientras que las exportaciones también registraron un derrumbe de similar tenor.
Córdoba también
En tanto, el monitoreo que lleva el Ministerio de Justicia y Trabajo en Córdoba confirma esa tendencia. Se vienen observando un crecimiento de los “acuerdos espontáneos” (eufemismo que quiere decir despido liso y llano, pero sin conflicto: entre el 1° de enero y el 13 de marzo, ingresaron 878 trámites de este tipo correspondientes a la ciudad de Córdoba: un 25,2% más que en igual lapso de 2025.
A ellos hay que sumar otros 358 recibidos por las delegaciones del ministerio en el interior provincial; en ese caso, se evidencia un salto del 8,8% interanual.
Si se computan ambos, los 1.236 trámites implican un incremento del 20% respecto de 2025.
Divididos por el total de días del período, incluyendo fines de semana, el promedio da 17 desvinculaciones de mutuo acuerdo, despidos sin causa y renuncias homologadas por día; con una amplia mayoría del primer tipo.
El ministerio precisa que el rubro que mayor cantidad de desvinculaciones presentó fue “comercio”, seguido de “trabajadoras de casas particulares”; y en tercer lugar, “gastronomía”.
Reclamos
Otro indicador del deterioro del mercado de trabajo llega al área de Reclamos Individuales del ministerio. Allí se reciben reclamos que realizan trabajadores, con asesoría legal privada o de la Secretaría, contra sus empleadores.
En el lapso aludido (1° de enero al 13 de marzo), se presentaron 597 denuncias; y es el mayor número desde 2022, según la dependencia oficial.
De ellas, 91 se archivaron por no cumplir con los requisitos del protocolo y sobre otras 506 se fijaron audiencias.
Aquí, de nuevo, la mayoría de los reclamos pertenecen a trabajadores del rubro “comercio” (157), vale aclarar, el que mayor cantidad de gente emplea en la provincia.
En segundo lugar, también se ubicó “trabajadoras de casas particulares” (94); seguidas, en este caso, por reclamos de «empleados de call centers» (41).
El cuarto lugar fue para «construcción» (38) y quinto, cerca, quedó “turismo y gastronomía” (37)
Además de acuerdos espontáneos y reclamos individuales, la Dirección de Conciliación y Arbitraje atiende una tercera línea: conflictos colectivos o plurindividuales en el ámbito laboral.
“Del análisis de las actuaciones en trámite se advierte que los conflictos vigentes se concentran principalmente en determinadas actividades económicas, en las cuales se registran dificultades empresariales para afrontar obligaciones salariales, recomposiciones paritarias o situaciones vinculadas a reestructuraciones productivas y procesos de crisis”, explican desde Trabajo.
Los principales sectores involucrados son: salud, neumáticos, metalúrgica, plástico, maderera y mecánicos.
Fuentes de la cartera evitan en todos los casos identificar a las empresas y a los trabajadores involucrados en los acuerdos o los conflictos para respetar la confidencialidad.
Otra herramienta utilizada por las empresas como un intento de evitar despidos ante bajas fuertes de actividad son los procedimiento preventivos de crisis, paraguas legal que les permite convenir suspensiones, pagos parciales de salarios, adelanto de vacaciones, retiros voluntarios y otras flexibilidades por un cierto plazo.
Suelen ser aprobados por Trabajo –que verifica que se cumplan los requisitos para habilitarlo– por tres meses, con chances de renovación si es necesario, apuntando a un tope de seis meses continuos.
Cumplido el período, se supone que la situación de la empresa y su plantel debe resolverse de manera más permanente en algún sentido.
En el arranque de 2026, los PPC dieron un fuerte salto interanual: en enero, Trabajo registró 3.370 trabajadores suspendidos en el marco de esos procedimientos, esto es, un 37% más que en igual mes de 2025.
En febrero el incremento fue algo menor, pero también se registró una peor situación que hace un año: 3.927 suspendidos, un 15% más que en febrero de 2025.
En marzo, el registro de Trabajo abarca sólo una parte del mes: entre el 1° y el 13. En ese lapso, los suspendidos en PPC fueron 2.378; una merma de 1.282 intermensual. Por su parte, marzo de 2025 (mes completo) registró 2.992.
Desde el Área de Conciliación y Arbitraje, explican que la variación descendente respondió más a factores administrativos y estructurales que a un incremento en la demanda de mano de obra o una mejora palpable del mercado de trabajo.
«Los PPC se otorgan por lapsos determinados y pueden ser prorrogados a solicitud de las empresas. Estos trámites presentan una dinámica de ingreso, vencimiento y renovación que implica que determinadas empresas pueden dejar de figurar en un informe cuando finaliza el período de vigencia de la medida y volver a incorporarse en caso de tramitarse una prórroga”, precisaron.
“Por este motivo, las variaciones observadas en los informes mensuales no necesariamente reflejan la salida definitiva de empresas del sistema, sino también la dinámica propia de renovación de los procedimientos administrativos”, agregaron.
En marzo, se registraron dos fenómenos:
- Finalizaron PPC vigentes en empresas del interior provincial; en algunos casos, por cierre de empresa; y en otros, por normalización de la actividad.
- Otro número importante de PPC de firmas de Capital ingresaron en trámite de prórroga (sólo cuatro prórrogas pedidas suman 716 suspendidos); con lo cual salen momentáneamente del registro estadístico.
Un dato importante para mencionar es que la mayoría de trabajadores suspendidos hacen base en Córdoba capital. En febrero, la cuota del interior fue del 35%, y bajó fuerte al 26% al mes siguiente, en marzo.
Si se mira la evolución de estos acuerdos a lo largo de todo el 2025, el pico de suspendidos se dio durante el segundo semestre del año, con más de cuatro mil trabajadores afectados durante varios meses.
Las autoridades abocadas a la negociación de estos acuerdos advierten siempre que hay que tener en cuenta que sólo las empresas formales y de cierto tamaño son las que usan la herramienta de los PPC, ya que demanda un trámite burocrático y la presentación de documentación e información de diverso tipo. En la provincia, el 85% del empleo está en pymes de hasta 50 trabajadores.
Vale recordar, además, que más del 40% del empleo es informal y que entre las pymes abunda lo que se denomina el “gris” en materia laboral: empleados con algún grado de registración, pero que reciben parte de sus salarios “en negro”.