La reforma laboral que impulsa el Gobierno dentro del paquete de “segunda generación” llega al Congreso con el mismo espíritu que atraviesa todo el programa económico: flexibilizar, abaratar costos empresarios y reconfigurar la relación de fuerzas entre trabajadores y empleadores a favor de estos últimos. Bajo el rótulo amable de “modernización”, el proyecto modifica piezas centrales de la Ley de Contrato de Trabajo y debilita pilares históricos de la negociación colectiva, mientras el Gobierno intenta instalar que así “llegarán inversiones y productividad”, pese a que ningún dato empírico reciente acompañe esa promesa.
Los gremios de la CGT y, sobre todo, las dos CTA ya encendieron todas las alarmas. Ven en el texto no solo un retroceso en derechos conquistados durante décadas, sino también un experimento que, lejos de resolver el problema de la informalidad y del estancamiento productivo, podría agravarlo. El oficialismo, sin embargo, eligió avanzar igual: la reforma se debatirá primero en el Senado, mientras Diputados se concentra en el Presupuesto 2026 y en la Ley de Inocencia Fiscal.
El borrador al que accedió Noticias Argentinas expone un cambio de paradigma. La presunción de existencia de contrato de trabajo se relativiza para abrir la puerta a contrataciones profesionales o de oficio sin relación de dependencia, amparadas en simples recibos o facturas. La responsabilidad solidaria entre empresas se recorta y solo regirá ante maniobras fraudulentas, un giro notable respecto del criterio vigente, que protegía al trabajador en todos los supuestos. La remuneración podrá pagarse en moneda extranjera, mientras que el depósito bancario se vuelve obligatorio. Las vacaciones se concentran entre octubre y abril, con aviso anticipado de 45 días y posibilidad de fraccionamiento.
El proyecto habilita el banco de horas –clave para las empresas, riesgoso para los trabajadores– y reduce el preaviso general a dos meses para quienes superen cinco años de antigüedad. La indemnización por despido sin causa mantiene el esquema de un mes por año trabajado, pero excluye conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios, lo que, en la práctica, achica la base de cálculo. En los contratos a plazo, el empleado despedido anticipadamente ya no podrá reclamar daños y perjuicios. Se habilita además la sustitución del sistema indemnizatorio por fondos de cese laboral.
El período de prueba queda fijado en seis meses como estándar, con la posibilidad de que los convenios lo estiren hasta ocho o doce, especialmente para PyMEs. El Gobierno deja por escrito que un trabajador no puede volver a ser contratado con período de prueba por la misma empresa, una salvedad que intenta contener la rotación fraudulenta pero no despeja el temor sindical sobre su uso abusivo.
La reforma también crea un régimen específico para plataformas de reparto, con énfasis en la “libertad de conexión” del trabajador, que podrá aceptar o rechazar viajes, pero manteniéndose bajo la categoría de independiente. Del lado empresario, la responsabilidad se limita prácticamente al equipamiento de seguridad vial. En materia colectiva, la ultraactividad se restringe: los convenios vencidos dejarán de tener vigencia plena mientras no se firme uno nuevo, un punto que debilita de manera directa el poder de negociación de los sindicatos.
La inmunidad sindical se acota a los delegados titulares, con un cupo de hasta diez horas mensuales para tareas gremiales que no podrán afectar la actividad laboral. Incluso se incorporan nuevas “infracciones muy graves”, desde afectar la libertad de trabajo hasta bloquear establecimientos o impedir ingresos, lo que representa una ampliación del margen para sancionar protestas.
El proyecto se completa con la creación del Programa de Formación Laboral Básica para quienes no hayan adquirido competencias mínimas para ingresar al mercado laboral.
El Gobierno denomina a todo esto “modernización laboral”. Para los sindicatos es una reforma regresiva que, bajo la promesa de eficiencia, traslada todo el riesgo al trabajador y desarma mecanismos de protección que sostuvieron durante décadas el contrato social argentino. Lo que está claro es que, en un contexto económico frágil, con salarios devaluados y un mercado laboral que no repunta, la disputa por esta ley será uno de los capítulos más intensos del mes en el Congreso. Y el resultado definirá no solo las reglas del trabajo, sino el verdadero alcance del proyecto político que Milei intenta imponer.