El Gobierno llega a la última reunión del año del Consejo de Mayo con la necesidad urgente de mostrar algún nivel de cohesión interna y de avanzar en un paquete de reformas que, pese al relato oficial, sigue atascado entre tensiones políticas, advertencias económicas y un frente social cada vez más sensible. El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, busca darle forma al informe final sobre las iniciativas que el Ejecutivo pretende presentar como la plataforma institucional de su “segunda generación” de reformas.
La instancia aparece atravesada por una realidad que el propio Gobierno intenta minimizar: la creciente resistencia sindical a la llamada modernización laboral, la incertidumbre legislativa para avanzar con los cambios tributarios y previsionales y un clima económico enrarecido por las dudas del mercado respecto de la sustentabilidad del modelo. En paralelo, los gobernadores que venían acompañando al oficialismo empiezan a tomar distancia ante el impacto fiscal y político de las medidas, que alteran los equilibrios locales mientras la Casa Rosada exige alineamiento absoluto.
La elaboración del informe final no es un trámite técnico sino una pulseada política. El Ejecutivo pretende que el Consejo funcione como un espacio legitimador, una suerte de sello institucional que le permita a Milei justificar la profundidad de los cambios y presentarlos como el consenso de “los sectores productivos”. Sin embargo, puertas adentro, el diálogo está lejos de ser fluido: empresarios que piden reglas de juego claras, gremios en pie de guerra, provincias que reclaman fondos retenidos y funcionarios que insisten con acelerar reformas que ni siquiera tienen dictamen.
La reunión de hoy es, en los hechos, un cierre de año que llega con sabor amargo para el oficialismo. La economía no muestra señales contundentes de recuperación, la inflación vuelve a moverse por encima del 2% mensual, las reservas continúan en zona roja y el debate sobre el endeudamiento futuro se intensifica en un contexto donde analistas internacionales advierten que el país podría estar repitiendo errores del pasado. No ayuda que parte del propio oficialismo exhiba grietas, tensiones internas y una creciente dependencia de la figura presidencial para ordenar decisiones que antes se delegaban.
El Consejo de Mayo, que nació como una bandera de institucionalización y diálogo, termina el año funcionando más como una herramienta narrativa que como una usina de consensos reales. El informe que se busca cerrar intentará mostrar que el Gobierno tiene un rumbo claro y un plan coherente, aunque la política —y buena parte de la economía— indiquen que todavía no existe la musculatura necesaria para sostener los cambios sin generar nuevos conflictos.
Adorni intentará exhibir este balance como un logro. Pero debajo del discurso queda la certeza de que el 2026 será el año donde las reformas deberán demostrarse en los hechos y no en papeles. Y el Gobierno ya no podrá seguir responsabilizando al pasado o a la “casta” por los obstáculos: el margen político se achicó, la paciencia social también, y los aliados legislativos ya avisaron que no acompañarán cualquier cosa con la firma del Presidente. El Consejo de Mayo cierra su año. Lo que no cierra es la brecha entre el plan oficial y la realidad.