Después de la renuncia de Luis Petri —que decidió dejar el cargo para volver al Congreso— el Gobierno oficializó a Carlos Presti como nuevo ministro de Defensa. El nombramiento apareció en el Boletín Oficial a la madrugada, junto con un detalle que revela cómo se manejan las cosas en la Rosada: Presti será pasado a “situación de disponibilidad” recién el 10 de febrero de 2026, lo que le permite saltar sin escalas del mando del Ejército al control político de toda la defensa nacional.
Lejos de una apuesta estratégica, el movimiento confirma que Milei decidió cerrar filas y dejar el ministerio en manos de un militar de su máxima confianza, sin demasiada sutileza y sin abrir ningún tipo de discusión política. Presti, hasta ahora jefe del Ejército, era la opción más cómoda para un Gobierno que viene navegando entre renuncias, internas y un desorden administrativo crónico.

Pero el cambio de nombres no tapa lo esencial: las Fuerzas Armadas están sumidas en una crisis estructural que nadie asume de frente. Equipamiento obsoleto, infraestructura deteriorada, salarios que pierden todos los meses contra la inflación y un nivel de operatividad que depende más del ingenio de los cuadros medios que de cualquier planificación real. La llegada de los F-16 maquilló la situación apenas un poco, pero la verdad es que la defensa argentina sigue funcionando con sistemas viejos, recursos insuficientes y una agenda estratégica que cambia cada seis meses.
A eso se suma un problema del que casi nadie habla públicamente pero que dentro de las fuerzas es un escándalo silencioso: la obra social militar, IOSFA, está prácticamente paralizada. Sus prestaciones se redujeron al mínimo, hay demoras, falta de cobertura y prestadores que directamente dejaron de atender porque no se les paga. Miles de familias militares —activos y retirados— quedaron a la deriva y lo que antes era un beneficio básico hoy es una carga que genera malestar y preocupación.

La salida de Petri, lejos de cerrar un ciclo, deja expuesto que el ministerio llevaba meses sin conducción política real. Las decisiones clave estaban siendo digeridas por la estructura militar y no por el poder civil, y la llegada de Presti no hace más que profundizar ese esquema: un ministerio gobernado desde adentro, sin debate público y sin controles claros.
Milei apuesta por alguien disciplinado y alineado. Pero el problema de fondo no es quién firma los decretos, sino cómo piensa este Gobierno reconstruir unas Fuerzas Armadas que están entre las más atrasadas de la región y cuyos propios integrantes hoy ni siquiera tienen garantizada una obra social que funcione.
