En las últimas horas comenzó a circular con fuerza un rumor que encendió alarmas en empresarios, economistas y, sobre todo, en los consumidores: la posibilidad de que el Gobierno incluya en la reforma tributaria un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) hasta el 29%. Aunque no existe confirmación oficial, el solo planteo revela el clima fiscal y político que atraviesa la administración de Javier Milei, empeñada en sostener el superávit a cualquier costo.
La idea de incrementar el IVA —el impuesto más regresivo del sistema argentino— no es nueva en los debates técnicos del Ministerio de Economía. El Gobierno sostiene que la recaudación está “demasiado baja” y que el IVA, al ser de cobro automático y con alta eficiencia, se convierte en una herramienta tentadora para engrosar rápidamente las arcas nacionales. Pero la contracara es brutal: un aumento al 29% implicaría un salto directo sobre los precios de prácticamente todos los bienes y servicios, en un contexto donde la inflación persiste y el consumo se encuentra en niveles históricamente deprimidos.
Economistas que siguen de cerca el borrador de la reforma señalan que la discusión gira en torno a simplificar alícuotas, eliminar exenciones y llevar la tasa general a un número más alto que el actual 21%. La versión del 29% aparece como el extremo del debate: una idea que algunos consideran inviable por su impacto social, y otros ven como coherente con la línea fiscalista que el Gobierno exhibe desde diciembre.
El problema es que, mientras el Gobierno celebra el orden fiscal, el mercado interno se achica, las ventas caen en todos los rubros y el salario real sigue en retroceso. Un aumento del IVA tendría un efecto contractivo inmediato: golpearía a los sectores más vulnerables, elevaría la línea de pobreza y complicaría aún más a las pymes, que ya enfrentan una demanda debilitada.
En paralelo, el rumor llega en un momento donde los gobernadores exigen mayor coparticipación y reclaman los fondos retenidos por la Nación. El aumento del IVA, que en parte se coparticipa, podría convertirse en una moneda de negociación política: más recaudación a cambio de mayor apoyo legislativo a la reforma tributaria. Ese juego de presiones alimenta la sospecha de que la idea no es solo un globo de ensayo técnico, sino un mensaje político hacia el Congreso.
En un país donde cada ajuste recae sobre el ciudadano de a pie, un IVA al 29% sería un golpe directo al corazón del consumo. Si el gobierno realmente evalúa esta opción, deberá enfrentar no solo el costo económico, sino el inevitable costo social y político que implica subir el impuesto que más paga la gente todos los días.
Por ahora, es un rumor.
Pero uno que prende todas las señales de alarma.