Llaryora reducirá el Inmobiliario Urbano para la mayoría de los contribuyentes y sumará beneficios para el Rural y para Ingresos Brutos.
El proyecto de Presupuesto que la Provincia enviará hoy a la Legislatura incluye una baja generalizada de impuestos que, en total, implicará una merma de ingresos cercana a los $900 mil millones. Según el Ejecutivo, esa reducción apunta a dejar más recursos en manos del sector privado para incentivar la actividad económica, según pudo saber Jornada Política. Al mismo tiempo, el Gobierno avanzará en un control más estricto del gasto y en la priorización de obras clave como la autopista a San Francisco y la circunvalación de Río Cuarto. También buscará volver al crédito internacional para financiar proyectos, aunque no descarta emitir deuda en pesos antes de fin de año. En materia salarial, los aumentos de los empleados públicos acompañarán la inflación.
El gobernador Martín Llaryora enviará hoy a la Unicameral el proyecto de Presupuesto 2026, junto con la Ley Impositiva Anual y el Código Tributario. Los documentos, que serán presentados por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, plantean una baja impositiva amplia que representará alrededor del 20% de la recaudación estimada para Rentas el año próximo. Los lineamientos confirman lo que el mandatario viene anticipando en los últimos días cuando prometió una reducción “histórica” de la presión fiscal, especialmente orientada a pymes y sectores productivos. La decisión se apoya en la expectativa oficial de un crecimiento económico cercano a 6% en 2026, un número que incluso supera la proyección del Presupuesto Nacional, que estima un avance de 5% del PBI y una inflación del 10,1%.
El Gobierno provincial sostiene que la menor recaudación inicial será compensada por un aumento de la actividad económica. Según argumentan, el dinero que los cordobeses dejarán de pagar en impuestos volverá a las arcas públicas a través de un mayor nivel de consumo e inversión. La apuesta implica riesgos, aunque en el Centro Cívico destacan que, a diferencia de otros años, las estimaciones macroeconómicas del Presupuesto Nacional tienen una posibilidad real de concretarse, al menos en lo relativo al crecimiento. Sí reconocen que las previsiones de inflación y de tipo de cambio llegan subestimadas.
En materia tributaria, la mayor atención está puesta en las rebajas en Ingresos Brutos y en los Impuestos Inmobiliarios Urbano y Rural. No habrá, en cambio, cambios en Sellos ni en Automotor, que continuará actualizándose según la valuación de los vehículos informada por Acara.
En lo referido a Ingresos Brutos, se aplica una reducción de la alícuota del 3,5% al 2,5% para pequeños comerciantes, lo que alcanza a más de 64% de los contribuyentes del sector, es decir, quienes facturan hasta $88.100 millones al año. Se mantienen los beneficios para quienes invierten en la provincia, incluyendo la vigencia plena de la nueva Ley de Promoción Industrial con alícuota cero para empresas con ingresos anuales menores a $3.200 millones que concreten inversiones equivalentes al 1,2% de su facturación. También se sostendrán las desgravaciones de la Ley de Igualdad Territorial para inversiones en el noroeste y sur provincial, que podrán alcanzar el 100% del impuesto. Además, continuará la alícuota cero para inversiones educativas, y se sumará un esquema similar para nuevas inversiones en salud. También habrá beneficios para agricultura, industria bajo promoción, créditos hipotecarios, economía del conocimiento y el Fondo Emprendedor. El impacto fiscal total por la reducción de IIBB rondará los $450 mil millones.
En el Inmobiliario Urbano, no habrá incrementos reales en ningún caso, ya que el tope de actualización será de 29%, el mismo porcentaje previsto como inflación provincial para 2026. Un 41% de los contribuyentes tendrá incluso una reducción nominal de hasta 25% respecto de 2025, lo que implica una baja real de 54%. Otro 11% pagará lo mismo que este año, lo que se traduce en una merma real del 29%. Un 21% tendrá aumentos de 29%, por lo que no habrá variaciones reales, y el 27% restante tendrá incrementos menores a ese porcentaje, resultando también en una caída en términos reales. Además, unas 175.000 personas e instituciones mantendrán la exención total del impuesto. Se conservarán, asimismo, los descuentos por buen cumplimiento y por pago de contado. El impacto fiscal de estas medidas se estima en $200 mil millones.
En el Inmobiliario Rural, la actualización se aplicará según el índice acordado con las entidades del sector y todo lo recaudado irá al Fondo de Desarrollo Agropecuario para obras de infraestructura. Se incorporará además un nuevo descuento del 5% para propietarios que trabajen sus propios campos. Continuarán los beneficios por buen cumplimiento, por buenas prácticas agropecuarias, por topes de actualización y por exenciones a entidades sin fines de lucro, bosques nativos, zonas protegidas y áreas bajo emergencia agropecuaria. El costo fiscal de estas medidas ascenderá a $250 mil millones.
La Provincia confía en que la recuperación económica, junto con una mejora en los giros de la coparticipación federal, permitirá compensar la caída inicial de recursos. En paralelo, avanzará en un ajuste del gasto con énfasis en sostener la inversión social y reducir en términos reales la obra pública, aunque manteniendo los proyectos estratégicos. Todo esto apunta a defender el ahorro corriente y el superávit financiero, dos indicadores que la administración de Llaryora considera centrales, como lo fueron en las gestiones de Juan Schiaretti.
En cuanto al endeudamiento, el Gobierno planea volver al mercado internacional con una ampliación del bono emitido este año, buscando alrededor de 300 millones de dólares, parte de los cuales se destinarían a afrontar vencimientos de deuda. También proyecta una segunda colocación en dólares por unos 500 millones hacia fin de año para recomprar parcialmente títulos con vencimiento en 2029. Como novedad, la Provincia regresará al mercado doméstico con un bono en pesos a 24 meses por $100 mil millones, una jugada que, aseguran, apunta más a construir antecedentes para futuras emisiones en dólares que a una necesidad de financiamiento.
La ejecución presupuestaria de 2025 cerrará con superávit financiero y, según adelantaron fuentes oficiales, la previsión para 2026 es mantener ese rumbo.