La salida de Pablo Santos de la conducción del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) no trajo alivio ni transparencia, sino una nueva polémica. El funcionario presentó su renuncia luego de ser imputado por la Justicia en una causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, pero su reemplazo abrió aún más interrogantes.
El Gobierno nacional designó en su lugar a Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, un abogado con pasado en la gestión porteña que carga con un antecedente sensible: fue procesado en la causa que investiga las responsabilidades políticas y administrativas por la tragedia del festival electrónico Time Warp, ocurrida en 2016 y que dejó cinco jóvenes muertos.
Lorgueilleux se desempeñaba en aquel momento como director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires, área clave en la autorización del evento realizado en Costa Salguero. La Justicia lo procesó por presuntas irregularidades en los controles y habilitaciones, en una causa que expuso graves fallas del Estado en la fiscalización de espectáculos masivos.
La designación del nuevo titular del RENAPER se da, además, en un contexto de creciente tensión institucional, con organismos sensibles del Estado atravesados por denuncias, imputaciones y renuncias forzadas. Lejos de despejar dudas, el recambio en el organismo encargado de la identidad de los argentinos suma un nuevo capítulo de controversia.
Mientras el Ejecutivo insiste en un discurso de orden y transparencia, la elección de un funcionario procesado en una de las tragedias más graves de los últimos años vuelve a poner en discusión los criterios políticos y éticos que rigen las designaciones en áreas estratégicas del Estado.