El 3 de noviembre de 1995, a las 8.55, tres explosiones desencadenaron la tragedia que dejó siete muertos (todos ellos ajenos a la fábrica militar), más de 300 vecinos heridos y daños millonarios en una parte importante de la ciudad que quedó destruida como consecuencia de este estrago doloso.
El hecho tenía un objetivo: encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia.
Un cuarto de siglo después de esos hechos, el expresidente Carlos Saúl Menem será juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones. Las pericias determinaron que había un faltante de municiones en la fábrica.
Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descarga y la tercera, y más importante, tuvo lugar en el depósito expedición y suministros.
De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños.
En un principio, la justicia orientó la investigación hacia la hipótesis de un accidente, ocasionado por un desperfecto en la manipulación de un montacarga que había determinado que un tambor con trotyl se prendió fuego y se extendió a otros que contenían ese explosivo.
Pero años más tarde, pericias técnicas determinaron que el trotyl no puede estallar por acción de la llamas, ya que ese material sólo puede explotar con el accionar de un detonador.
A las 17 de ese día y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de «un accidente», que había que descartar el atentado e incluso les remarcó a los periodistas presentes: «Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra».
¿Qué se pretendió ocultar con las explosiones? Entre 1991 y 1995, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó decretos para vender armas a Panamá y Venezuela, que sin embargo terminaron en Ecuador y Croacia en operaciones de triangulación.
La presencia de armamento de origen argentino en estos dos países era un grave problema diplomático y político para el gobierno argentino, que había desplegado un contingente militar que integraba una fuerza de paz en Croacia, en el contexto de la guerra que atravesaba la ex Yugoslavia.
Y además, el país era garante de un acuerdo de paz entre Perú y Ecuador, que a principios de 1995 se enfrentaron en un conflicto armado por una disputa de límites.
En esos años, cañones, obuses y proyectiles, eran retirados de las unidades militares para ser llevados a la planta de Río Tercero con el pretexto de ser reparados, pero desde allí eran trasladados a distintos puertos para ser embarcados al destino requerido por los compradores.
En el verano de 1995, los casos de armas argentinas descubiertas en Croacia y Ecuador comenzaron a multiplicarse, y esos hechos se denunciaron ante la Justicia. En paralelo, los jefes de las unidades del Ejército que tenían material alojado en Río Tercero -que supuestamente estaba en reparaciones- comenzaron a demandar que fueran reintegrados a sus bases.
En el juicio hubo condenas de entre 13 y 10 años de prisión por «estrago doloso seguido de muerte».
Una pericia contable incorporada a la causa determinó que al momento del siniestro, faltaban entre 24 mil y 49 mil municiones de la fábrica, según el inventario.
Con todos estos elementos, el Tribunal Oral Federal Número 2 de Córdoba condenó por estrago doloso seguido de muerte a Edberto González de la Vega, coronel retirado y director de Coordinación Empresaria de Fabricaciones Militares, a 13 años de prisión; a Carlos Franke, coronel retirado y director de Producción de Fabricaciones Militares, a 13 años; a Jorge Antonio Cornejo Torino, coronel retirado y director de la Fábrica Militar de Río Tercero, a 13 años; y a Marcelo Gatto, mayor retirado y jefe de la División Producción Mecánica a 10 años.
Beneficiado por distintas apelaciones Menem, quien resultó absuelto hace dos años en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia, deberá enfrentar a partir del 24 de febrero de 2021, y con más de 90 años, un juicio oral y público por su responsabilidad en estos hechos, acusado de estrago doloso.