La salida de Carlos Frugoni del Gobierno no fue una renuncia más: fue un despido forzado en el peor momento político posible. El ahora ex secretario de Infraestructura quedó en el centro de un escándalo que expuso la existencia de múltiples propiedades no declaradas en Miami, una omisión que desató una crisis interna y obligó a la Casa Rosada a tomar distancia.
La decisión se precipitó luego de que investigaciones periodísticas confirmaran que Frugoni había omitido incluir en sus declaraciones juradas al menos siete departamentos en Estados Unidos. El dato no solo encendió alarmas legales, sino que también golpeó de lleno el discurso oficial de transparencia, uno de los pilares que el gobierno de Javier Milei intenta sostener.
Puertas adentro, la situación se volvió insostenible. Según trascendió, la presión política escaló rápidamente y terminó con la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aceptó su salida para contener el impacto. La señal fue clara: cortar por lo sano antes de que el caso escale a mayores niveles judiciales y mediáticos.
El episodio deja expuesta una contradicción incómoda para el oficialismo. Mientras se impulsa un fuerte ajuste y se exige austeridad a la sociedad, uno de sus funcionarios más relevantes en materia de infraestructura quedó envuelto en un caso de presunto ocultamiento patrimonial en el exterior.
Ahora, el foco se traslada a la Justicia. La omisión en declaraciones juradas podría derivar en investigaciones por enriquecimiento ilícito o evasión, dependiendo del avance de las pruebas. En paralelo, dentro del Gobierno crece la preocupación por el efecto contagio: no se descarta que otros funcionarios queden bajo la lupa.
La caída de Frugoni no solo marca el final de su paso por la gestión libertaria, sino que abre una nueva grieta en un gobierno que prometía ser distinto y hoy enfrenta uno de sus primeros grandes escándalos de corrupción.