La lupa vuelve a posarse sobre el financiamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en medio de sospechas de una maniobra que podría haber comprometido partidas sensibles del Estado. Según denuncias en análisis, la regularización de su abultada deuda se habría realizado utilizando fondos originalmente destinados al pago de salarios, una decisión que abre un nuevo frente de conflicto dentro del ámbito castrense.
La medida fue ejecutada bajo la conducción de Carlos Presti, luego de que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, rechazara la posibilidad de asistir con fondos externos para cubrir el pasivo. Ante esa negativa, se habría optado por recurrir a recursos de alta disponibilidad —principalmente salariales— debido a su inmediatez, generando un bache financiero que ahora el Gobierno busca compensar con partidas originalmente previstas para operaciones.
El esquema inicial contemplaba que Economía absorbiera la deuda del IOSFA. Sin embargo, al frustrarse esa vía, el pasivo fue redistribuido proporcionalmente entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas federales de seguridad, trasladando la presión financiera a cada estructura.
La controversia también reaviva las críticas hacia la gestión anterior en Defensa, particularmente sobre Luis Petri, hoy senador, quien enfrenta denuncias penales vinculadas al crecimiento exponencial de la deuda y a la falta de insumos en la obra social. En los últimos dos años, el pasivo escaló de 70.000 millones a más de 210.000 millones de pesos, un salto que encendió alarmas tanto políticas como operativas.
Desde el Ministerio de Defensa intentaron llevar calma mediante un comunicado oficial, en el que afirmaron que el Ejército ya saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó significativamente en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes. No obstante, el malestar persiste puertas adentro de las fuerzas.
En paralelo, desde la ATE advirtieron sobre una posible medida aún más sensible: la transferencia de los hoteles del IOSFA —adquiridos con aportes de los propios afiliados— como mecanismo para compensar los fondos utilizados. La posibilidad encendió una fuerte alarma entre trabajadores y beneficiarios, que temen una descapitalización de la obra social.
El caso sigue bajo análisis y amenaza con escalar, en un contexto donde la tensión por el financiamiento estatal y el ajuste presupuestario ya atraviesa a múltiples áreas del Gobierno.