Trascendió una denuncia en medios y redes que sacudió a la Aduana y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA): una mujer que llegó en un vuelo privado desde Miami, vinculada a la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora), ingresó al país con varias valijas sin que se sometieran a controles aduaneros, presuntamente por una “orden de arriba”.
El periodista Carlos Pagni (La Nación+) aseguró que las autoridades aduaneras y de la PSA habrían sido instruidas para no inspeccionar el equipaje de esta persona. Según la denuncia, una supuesta orden superior detuvo los controles sobre esas valijas.
En respuesta, la Aduana emitió un comunicado donde negó irregularidades: aseguró que los controles de rutina fueron realizados tanto al avión, la tripulación y los pasajeros, y que la aeronave permaneció unos días en un hangar antes de continuar su vuelo sin novedades.
Aun así, reconocieron haber abierto un sumario interno para investigar posibles fallas; en caso de confirmarse, advirtieron que los involucrados serán desafectados
El caso generó repercusiones políticas: el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, elevó un pedido de acceso a la información para saber quién ordenó la omisión de los controles y bajo qué argumentos. Mientras tanto, ningún fiscal o juzgado tomó aún una denuncia formal basada en lo publicado por Pagni.
El avion es un jet privado de la empresa Royal Class, propiedad de Leonardo Scatturice, un empresario con fuertes lazos con el Gobierno, incluido el rol de asesor de Santiago Caputo y enlace de Javier Milei con figuras como Trump y CPAC, habría ingresado a Argentina con diez valijas que, según las investigaciones, no pasaron los controles de equipaje correspondientes.
Los fiscales de la causa señalan que los pasajeros y sus equipajes no pasaron por los controles de equipaje ni fueron sometidos a revisión a través de los escáneres. Las imágenes muestran cómo personal aduanero “recondujo” a los tripulantes y la pasajera, permitiendo el acceso exclusivo del grupo sin control, a pesar de que otros pasajeros sí fueron inspeccionados. Los fiscales calificaron esto como una “decisión expresa y directa del personal aduanero”, adoptada sin que hubiera congestión u saturación operativa que la justificara.
Además, detectaron inconsistencias en los registros migratorios. Si bien se decía que el vuelo de entrada venía de Fort Lauderdale (KFLL), en realidad partió de Opa-locka (KOPF). A la salida, el 5 de marzo, el registro oficial de Migraciones indicó como destino Fort Lauderdale, Estados Unidos, pero el vuelo en realidad se dirigió a París, con una escala previa en el Aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España.
Cuando la noticia del ingreso del vuelo de Royal Class salió a la luz, el Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, negó cualquier irregularidad. En una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni aseguró: “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”.
Sin embargo, las imágenes y el dictamen judicial contradicen directamente estas afirmaciones, evidenciando un desvío y facilitación activa del acceso exclusivo.
Este episodio se suma a otros casos de robo y manipulación de equipaje en Ezeiza, como las numerosas bandas de “abrevalijas” que operaban en las cintas de la terminal, con empleados de empresas de tierra como Intercargo implicados y detenidos tras allanamientos masivos