Pese a los recursos defensivos sin sustento sólido presentados por los abogados de Adela Arning, el proceso de revocatoria contra la intendenta de Mendiolaza sigue avanzando a paso firme. Todo indica que, en cuestión de semanas, los vecinos deberán decidir en las urnas si Arning continúa en el cargo o es removida por el voto popular.
La gestión de Arning ha generado un profundo malestar en amplios sectores de la comunidad. La intendenta llegó al poder en 2023 con apenas el 27% de los votos, el porcentaje más bajo registrado por un candidato ganador en toda la provincia, y desde entonces ha acumulado críticas por su inacción, falta de transparencia y un estilo de gobierno desconectado de las demandas vecinales.
Según publicó Jornada Política , la fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Consuelo Sárfield, dictaminó que los 13.910 ciudadanos empadronados en la ciudad están habilitados para participar del referéndum. Arning había intentado limitar el alcance de la consulta, pretendiendo que sólo votaran los 9.382 vecinos que participaron en la elección anterior, en un intento evidente por restringir la participación y aferrarse al cargo.
Si la Sala Primera de la Cámara confirma el criterio de la fiscal, el proceso entrará en su etapa final, quedando sólo por definir la fecha de la elección.
La iniciativa de revocatoria fue impulsada en marzo por el vecino Alberto Dalmazzo. Luego de la presentación inicial, se logró reunir 1.536 firmas certificadas por la Comisaría local, superando el 10% del padrón exigido por ley. La Junta Electoral Municipal, en una decisión que fue percibida como funcional al oficialismo, invalidó 231 firmas y rechazó el pedido, aunque extendió el plazo.
La disputa se centró en detalles técnicos. Por ejemplo, 109 firmas fueron rechazadas por no incluir el segundo nombre del firmante, a pesar de que los datos esenciales (DNI y firma) eran correctos. La Justicia Electoral consideró que se trataba de un formalismo innecesario y avaló su incorporación. Con esas firmas validadas, se alcanzó el 10,1% del padrón y el proceso quedó habilitado legalmente.
Derrotada en lo jurídico, la defensa de Arning intentó una jugada política: planteó que en la consulta sólo participen quienes votaron en 2023. El pedido fue desestimado por la fiscal Sárfield, quien sostuvo que cualquier ciudadano empadronado tiene derecho a expresar su voluntad.
El gobierno de Arning enfrenta un creciente rechazo vecinal. Críticas por su falta de gestión, obras prometidas que nunca llegaron, y una administración cada vez más aislada, terminaron por detonar un movimiento ciudadano que exige un cambio urgente. Si la Cámara ratifica lo dictaminado, Arning deberá afrontar un referéndum que podría marcar el fin de su mandato.