A solo dos días de la caída de la ley ómnibus en el Congreso, el Gobierno comenzó a ajustar las tuercas sobre las provincias. Este jueves, el Ministerio de Economía anunció la eliminación de los subsidios al transporte, para las provincias del interior.
Mediante un comunicado, el Palacio de Hacienda informó la supresión del Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios en las distintas jurisdicciones.
No obstante, el oficialismo aclaró que los usuarios que «necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el tributo social a través de la tarjeta SUBE», que implica un descuento del 55% de la tarifa. Se trata, en suma, de aquellas personas que hayan tramitado la tarifa social.
Dicho en criollo: la medida implica la desregulación del sector y da vía libre a las compañías para que puedan llevar el boleto al precio que consideren necesario.
Malestar en las provincias por la quita de subsidios al transporte
La decisión cayó como un mazazo entre los gobernadores. En las órbitas de algunos, se leyó como como una «revancha» por la derrota legislativa del proyecto «Bases». Los más opositores, en cambio, remarcaron que la iniciativa puede haberse acelerado pero que «siempre estuvo en los planes de Milei».
De momento, malestar, preocupación e incertidumbre son los denominadores comunes entre las jurisdicciones, independientemente de sus escuderías políticas.
El dato político es que el anuncio impactará de lleno en dos provincias a cuyos mandatarios Javier Milei acusó directamente por su naufragio en el Congreso: Santa Fe y Córdoba, gobernadas por el radical Maximiliano Pullaro y por el peronista no K Martín Llaryora. Ninguna de ambas cuenta con el sistema SUBE.
La tensión es tal que hasta el mendocino Alfredo Cornejo, de vínculo aceptable con el oficialismo, se manifestó en contra.
«La eliminación de subsidios de transporte para el interior del país, sosteniendo los del AMBA, incumple el Pacto Fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero debe ser equitativo», dijo en X.
Similares palabras tuvo su compañero de la liga de Juntos por el Cambio (JxC), el santafesino Maximiliano Pullaro, quien denunció: «Otra vez nos dejan solos».
“Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte, que es alrededor de 2.000 millones, y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande”, apuntó.
Acto seguido, Pullaro remarcó que “lo que sí no vamos a permitir es que vengan avasallar o a meterse con el sistema productivo de la provincia de Santa Fe». «No le vamos a permitir a ningún gobierno nacional que venga por más retenciones al campo y a la industria, porque eso atenta contra la generación de empleo y contra el crecimiento económico de muchas regiones de la República Argentina, pero principalmente de mi provincia de la provincia de Santa Fe”, disparó,
Ante la consulta de Ámbito, una fuente amarilla reveló que «había un acuerdo con el gobierno que incumplió. Les dijo a los gobernadores que en enero lo financien ellos el subsidio y a partir de febrero los recursos los ponía Nación».
Desde despachos bonaerenses, compararon la situación con lo que ocurre con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuyas transferencias a las jurisdicciones fueron de apenas $12 millones en enero, tal como contó este medio.
El llamado de conciliación obligatoria emitido por la Secretaría de Trabajo evitó un paro de colectivos en el interior del país.
«Cae como todo lo que hace el Gobierno, que dijo que iba a terminar con casta y lo único que hacen es perjudicar la vida de los laburantes; clase media y baja, que son los que verdaderamente afectan por el uso y necesitan de los medios de transporte públicos», señalaron desde La Plata al conocer la noticia.
En la región patagónica, en tanto, analizaron que «el efecto que va a tener en la gente es lamentable». «La quita de subsidios va a afectar al usuario del transporte, que precisamente no es la gente que más recursos tiene, es la gente que tiene que ir a trabajar», remarcaron.
En esa sintonía, una fuente manifestó que en el interior «vamos a sufrirlo mucho menos que en CABA, que en Rosario o Mendoza, porque acá las distancias son más chicas. La gente tendrá que ajustarse y ver».
A la vez, especificaron que el ajuste siempre formó parte del plan de Javier Milei. «Lo dijimos en su momento y nos acusaron de ‘sembrar terrorismo’. Las pruebas nos demostraron que teníamos razón: el ajuste no es sobre la casta, salvo que la casta sean los laburantes», protestó una fuente peronista.
El impacto en ciudades
Tal como anticipó Ámbito, los intendentes del interior del país elaboraron un documento conjunto en el que manifiestan su «extrema preocupación por la situación».
«Esta medida no es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en sus respectivas ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad del país», dice el escrito.
A la vez, remarca que de confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, «esta medida implicaría dejar sin transporte a todo el interior del país». «Vale remarcar además, que se sostiene la inequidad con el AMBA, ya que la eliminación solo está planteada para el interior», protestaron.
En el texto, los alcaldes anticipan que evaluarán «todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por el presupuesto nacional».
Los intendentes de Rosario, Pablo Javkin, y de Rosario, Daniel Passerini, trabajan en espejo en temas regionales.
Entre otros, el documento lleva la firma de Damian Bernarte (San Francisco); Daniel Passerini (Córdoba); Guillermo Montenegro (Mar del Plata); Juan Pablo Poletti (Santa Fe); y Pablo Javkin (Rosario).
Para este jueves, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había anunciado un paro de actividades en los servicios por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante la noticia, los alcaldes intervinieron y reclamaron la conciliación obligatoria.
Finalmente la secretaría de Trabajo -actualmente dependiente del Ministerio de Capital Humano- hizo lugar y abortó la medida. A la vez, convocó a las partes a una audiencia para el próximo miércoles 14 de febrero.
La escalada se inscribe en medio de la guerra entre la Casa Rosada y los gobernadores. Sin «interlocutores válidos» -como denuncian los jefes provinciales- la compulsa se trasladó ahora al terreno fiscal y sus consecuencias políticas son aún inciertas.