El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) dio a conocer los datos de inflación correspondientes a enero de 2026 en la provincia de Córdoba, en un informe que no solo confirma la persistencia de las presiones inflacionarias, sino que expone con crudeza el deterioro social y alimentario que atraviesan los hogares.
Para esta medición, el organismo provincial adoptó inicialmente la actualización metodológica anunciada por el INDEC, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que refleja patrones de consumo más actuales. Sin embargo, la renuncia del titular del INDEC, Marcos Lavagna, y la decisión del Ministerio de Economía de postergar la nueva metodología para “no interferir” con el proceso de desaceleración inflacionaria, obligaron a mantener transitoriamente el esquema antiguo (ENGHo 2004-2005).
Ante este escenario, el IETSE resolvió publicar los resultados bajo ambos métodos, en una señal de transparencia poco habitual en el sistema estadístico nacional.
Los números muestran que la inflación de enero fue del 2,53% con la metodología actualizada y del 2,67% con la metodología vieja, lo que desmiente el argumento oficial de que el cambio técnico podría distorsionar al alza los índices. Por el contrario, el esquema anterior arroja valores levemente superiores.
Desde el punto de vista analítico, el propio instituto advierte que la postergación metodológica no se explica por el resultado de enero, sino por el impacto que podría tener hacia adelante la quita de subsidios y la recomposición tarifaria. Con la nueva canasta, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles tendría mayor peso y podría empujar la inflación en el corto y mediano plazo.
Mientras tanto, la inflación sigue teniendo un rostro conocido: por cuarto mes consecutivo, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el principal motor de la suba de precios, con un aumento mensual del 3,3%. Este comportamiento consolida un piso inflacionario difícil de perforar y permite proyectar registros mensuales difícilmente inferiores al 2% durante el primer cuatrimestre del año.
Pobreza, indigencia y hambre
Los datos sociales que acompañan el informe son aún más alarmantes. La línea de pobreza para un hogar tipo se ubicó en $1.717.152 (ENGHo 2017-2018) y $1.719.496 (ENGHo 2004-2005), mientras que la línea de indigencia alcanzó los $933.870. Cifras que reflejan el altísimo costo de acceder a bienes y servicios esenciales.
La Encuesta de Hogares del IETSE, realizada sobre 2.500 casos efectivos, muestra un deterioro sostenido de la seguridad alimentaria:
- El 57% de los hogares no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria.
- Entre quienes sí lo hicieron, el 71,7% necesitó asistencia estatal.
- En el 11,1% de los hogares, al menos una persona redujo su alimentación a una sola comida diaria o directamente dejó de comer en algún momento del mes.
- El 31,4% reportó situaciones de hambre no satisfecho.
- Más de la mitad de los hogares (51,9%) redujo las ingestas diarias, siendo la cena la comida más afectada.
- El 88,1% tuvo que endeudarse o financiar la compra de alimentos.
Los datos confirman que la alimentación básica de amplios sectores de la población se sostiene sobre deuda, fiado y asistencia pública, una señal clara de vulnerabilidad estructural.
Consumo en caída y comercio asfixiado
El informe también da cuenta del impacto sobre la actividad económica. En enero, las ventas minoristas de alimentos cayeron un 8,2% interanual en volumen, profundizando la recesión del último trimestre de 2025. La inflación sigue corriendo por delante de los ingresos y erosiona el poder adquisitivo, forzando a los hogares a consumir menos y peor.
Se observa una fuerte sustitución hacia productos de menor calidad, reducción de cantidades y mayor uso de financiamiento, un combo que deteriora la rentabilidad y pone en riesgo la supervivencia de los pequeños y medianos comercios.
Un ajuste que no cierra
Si bien la desaceleración inflacionaria respecto a 2024 es un dato relevante en términos macroeconómicos, el IETSE advierte que ese proceso aún no se traduce en mejoras concretas para la población. La combinación de inflación persistente, tarifas en alza, caída del salario real y contracción del consumo configura un escenario de transición económica en el que los costos del ajuste siguen recayendo, con mayor fuerza, sobre los sectores medios y vulnerables.
En este contexto, el informe subraya la necesidad de políticas públicas que no se limiten a la estabilización nominal, sino que apunten a recomponer ingresos, fortalecer el mercado interno y evitar que la “desaceleración” conviva con más pobreza, hambre y endeudamiento.