“Se le veían los piecitos abajo de la cortina”.
La crisis del PAMI en Córdoba sumó un capítulo explosivo. En una escena cargada de tensión política, más de 150 intendentes y jefes comunales desembarcaron en la sede local del organismo para exigir respuestas urgentes por la deuda que el PAMI mantiene con los municipios por prestaciones de salud. Lo que encontraron, aseguran, fue silencio… y una ausencia que desató indignación.
Según relataron varios de los presentes, el gerente regional del PAMI, Eduardo Frayre, vicepresidente de FECAC y hoy a cargo de la obra social, evitó el contacto directo en medio del reclamo. La versión que corrió con fuerza entre los intendentes fue aún más gráfica: sostienen que el funcionario se habría escondido detrás de una cortina para no ser visto mientras crecía la presión en el edificio.
El episodio, que no fue desmentido en el momento, se convirtió rápidamente en símbolo del malestar que atraviesa la relación entre los municipios cordobeses y el organismo nacional.
Deuda con municipios y servicios al límite
El trasfondo del conflicto es crítico. Los intendentes denuncian atrasos de hasta nueve meses en los pagos que el PAMI debe a los municipios por prestaciones médicas, lo que está poniendo al límite a hospitales locales y servicios esenciales. A eso se suman problemas con ambulancias, cobertura y atención a jubilados.
“Así no se puede seguir. Los municipios están sosteniendo lo que debería garantizar el PAMI”, fue una de las frases que más se repitió en la puerta del organismo.
Vínculos políticos bajo sospecha
En medio del escándalo, comenzaron a circular cuestionamientos sobre la conducción local del organismo. Dirigentes presentes en la protesta señalaron que el gerente regional mantiene vínculos políticos y personales con Gabriel Bornoroni, lo que alimentó aún más las críticas y suspicacias en torno a su accionar frente al conflicto.
Presión política en aumento
El conflicto ya escaló al plano provincial. El gobernador Martín Llaryora se metió de lleno en la disputa y lanzó un mensaje directo al Gobierno nacional: “No se escondan, pongan la cara”.
La frase, en este contexto, resonó con fuerza tras el episodio en la sede del PAMI y alimentó las críticas hacia la conducción del organismo.
Un símbolo de una crisis más profunda
Más allá de la escena puntual —que algunos describen como insólita y otros como el reflejo de un funcionario desbordado—, lo ocurrido deja al descubierto un problema estructural: el deterioro del sistema de atención para jubilados y la creciente tensión entre Nación y municipios.
Mientras tanto, los intendentes advierten que no darán marcha atrás. Y si no hay respuestas, anticipan que el conflicto podría escalar todavía más.
Porque en Córdoba, el reclamo ya no es solo por una deuda: es por quién se hace cargo. Y, sobre todo, por quién se anima a dar la cara.