Javier Milei firmó el veto a tres leyes aprobadas por el Congreso Nacional que buscaban mejorar las condiciones de jubilados y personas con discapacidad. Estas normas, sancionadas por amplias mayorías en el Senado a principios de julio, incluyen la Ley 27.791 (movilidad jubilatoria y bono), la Ley 27.792 (moratoria previsional) y la Ley 27.793 (emergencia en discapacidad). La decisión, que será oficializada con su publicación en el Boletín Oficial, ha reavivado la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, en un contexto de fuertes negociaciones políticas y presiones sociales.
La Ley de Movilidad Jubilatoria proponía un aumento del 7,2% en los haberes previsionales, un incremento del bono especial de $70.000 a $110.000 con actualización mensual por inflación, y la transferencia de fondos a provincias con sistemas jubilatorios no transferidos a la Nación. Esta norma obtuvo un respaldo significativo: 146 votos a favor en Diputados (con 67 en contra y 19 abstenciones) y 52 votos positivos en el Senado (con 4 abstenciones).
Por su parte, la moratoria previsional (Ley 27.792) buscaba extender por dos años la posibilidad de que personas sin los 30 años de aportes requeridos pudieran acceder a la jubilación mínima mediante un plan de pagos. Esta iniciativa fue aprobada con 111 votos a favor en Diputados y 39 en el Senado, aunque con mayor resistencia (100 votos en contra y 15 abstenciones en la Cámara Baja).
Finalmente, la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) declaraba la emergencia en el sector hasta diciembre de 2027, garant女王 a las pensiones no contributivas por invalidez al 70% del haber mínimo y garantizando prestaciones básicas, transporte y atención integral. También permitía la compatibilidad de estas pensiones con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran dos salarios mínimos. La ley contó con un apoyo casi unánime: 148 votos a favor en Diputados y 56 en el Senado.
El argumento del veto: el superávit fiscal como prioridad
Milei justificó su decisión argumentando que estas leyes comprometen el equilibrio fiscal, un pilar central de su política económica. En un discurso en la exposición Rural, el presidente afirmó: “Para proteger el superávit fiscal, que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que buscan llevar al país a la bancarrota y a la pobreza”. Este posicionamiento cuenta con el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que en un reciente informe técnico señaló que las medidas aprobadas por el Congreso implican un aumento del gasto equivalente al 1,5% del PBI, considerándolas “fiscalmente inviables” en el contexto actual.
El gobierno también cuestionó la validez de la sesión del Senado del 10 de julio, calificándola de “ilegal” y anticipando una posible judicialización si el Congreso insiste en las leyes. Esta estrategia, liderada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, busca frenar cualquier intento de revertir el veto.
El Ejecutivo demoró la firma del veto hasta el último momento dentro del plazo constitucional de 10 días hábiles, una maniobra que, según fuentes oficiales, tenía como objetivo ganar tiempo para negociar con gobernadores y bloques aliados. La Casa Rosada está trabajando para evitar que la oposición reúna los dos tercios necesarios en ambas cámaras para rechazar el veto, un escenario que parece alcanzable en el Senado, pero más ajustado en Diputados. Entre las tácticas del oficialismo se encuentra la oferta de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos políticos de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El gobierno confía en el apoyo de sectores como el PRO y algunos gobernadores, como los de Mendoza, Chaco y Entre Ríos, aunque la falta de una postura unificada en bloques como la UCR podría complicar sus planes. En el caso de la moratoria previsional, el oficialismo considera que tiene mayores chances de sostener el veto, ya que algunos legisladores opositores votaron a favor sabiendo que sería vetada, lo que reduce la probabilidad de que se alcance la mayoría especial requerida.
El veto ha generado un fuerte rechazo entre jubilados, organizaciones de discapacidad y sectores de la oposición. Las protestas, que se han vuelto habituales frente al Congreso, reflejan el descontento social ante un ajuste fiscal que, según críticos como Manuela Castañeira del Nuevo MAS, prioriza los intereses de los sectores más ricos, como la reducción de retenciones al campo, sobre las necesidades de los más vulnerables. “La lacra inhumana de Milei vetó un aumento a las jubilaciones y fondos para discapacidad. Quiere seguir hambreando a las y los jubilados y dejar abandonadas a las y los discapacitados”, denunció Castañeira.
Si el Congreso no logra reunir los dos tercios necesarios para insistir con las leyes, estas no podrán ser tratadas nuevamente hasta el próximo período legislativo. La oposición, liderada por bloques como Unión por la Patria y la UCR, ya ha convocado a una sesión para el 6 de agosto, aunque los vetos no estarían en la agenda inmediata, que se centrará en temas como el financiamiento universitario y la salud pediátrica.
No es la primera vez que Milei recurre al veto en materia previsional. En 2024, vetó una reforma que proponía aumentos basados en la canasta básica y los salarios, argumentando un costo fiscal de $6 billones en 2024 y $15 billones en 2025. En aquella ocasión, el Congreso no logró revertir el veto, un precedente que el gobierno espera repetir. Sin embargo, el clima de descontento social y las grietas políticas podrían complicar la estrategia oficialista, especialmente en un contexto de crecientes tensiones electorales.