La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, confirmó en una entrevista en C5N que será candidata a legisladora provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 7 de septiembre de 2025. La noticia, que generó fuertes repercusiones en el arco político, se da en un contexto marcado por su situación judicial, derivada de la condena en la causa Vialidad, lo que plantea interrogantes sobre su futuro político.
Una candidatura estratégica en la provincia
Cristina anunció su decisión de competir por una banca en la Legislatura bonaerense, destacando la importancia de la provincia de Buenos Aires como bastión electoral del peronismo. “Tenés que ir al lugar donde más servís”, afirmó, al tiempo que cuestionó la estrategia de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, una decisión impulsada por el gobernador Axel Kicillof. La expresidenta subrayó que una buena performance en septiembre será clave para el peronismo de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Su candidatura fue celebrada por referentes peronistas como Mayra Mendoza y Julián Domínguez, quienes destacaron su “coraje militante” y “compromiso con el pueblo”. Sin embargo, desde La Libertad Avanza, figuras como José Luis Espert criticaron duramente su postulación, calificándola de “chorra maldita” y acusándola de haber contribuido a un “genocidio económico y sociocultural” en la provincia.
Situación judicial: la causa Vialidad y sus implicancias
La candidatura de Cristina se enmarca en un escenario judicial complejo. En diciembre de 2022, fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, que investiga el direccionamiento de obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2023, pero no está firme, ya que su defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha expedido. Esto le permite a Cristina presentarse como candidata, ya que el Código Electoral argentino solo prohíbe candidaturas con condenas firmes.
Fuentes judiciales indican que la Corte Suprema podría demorar su fallo hasta 2026, lo que garantizaría la participación de Cristina en las elecciones de 2025. Sin embargo, si el máximo tribunal ratificara la condena antes del 17 de agosto de 2025, fecha límite para la oficialización de candidaturas, su postulación podría ser impugnada. En caso de que el fallo se emita después de las elecciones, pero habiendo sido electa, especialistas sugieren que la inhabilitación no se aplicaría retroactivamente, aunque la Cámara de Diputados podría debatir su “inhabilidad moral” para asumir.
Ficha Limpia: un obstáculo en el horizonte
El debate sobre la ley de “Ficha Limpia”, impulsada por el PRO y respaldada por sectores de la UCR y La Libertad Avanza, agrega incertidumbre al panorama. Este proyecto busca prohibir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia, como es el caso de Cristina, puedan postularse a cargos electivos. Aunque dos iniciativas de este tipo fueron debatidas en el Congreso en el último año, ninguna prosperó. En mayo de 2025, el Senado rechazó una versión del proyecto por un voto, lo que permitió a Cristina mantener abiertas sus opciones electorales. En la provincia de Buenos Aires, donde no rige una ley de Ficha Limpia, su candidatura a legisladora provincial no enfrentaría este impedimento, a diferencia de un eventual intento por un cargo nacional.
Estrategia política y judicial
Desde el kirchnerismo, se denuncia una persecución política detrás de la causa Vialidad, calificándola de “lawfare” y señalando vínculos entre jueces, medios y sectores económicos. Cristina ha utilizado esta narrativa para posicionarse como víctima de una proscripción, comparándose con figuras como Donald Trump, quien compitió electoralmente pese a condenas judiciales. Su estrategia combina maniobras legales para dilatar el fallo de la Corte Suprema con un discurso político que busca capitalizar el apoyo de su base militante.
Por otro lado, el oficialismo y sectores de la oposición, como el PRO, ven en la confirmación de la condena una oportunidad para limitar su influencia política. El presidente Javier Milei, sin referirse directamente, celebró en redes sociales la ratificación de la sentencia, afirmando que “Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción”. En tanto, en la Casa Rosada se especula con que la situación judicial de Cristina podría acelerar negociaciones para modificar la composición de la Corte Suprema, un factor clave para su futuro.
Repercusiones y perspectivas
La confirmación de la candidatura de Cristina Kirchner ha polarizado el escenario político. Mientras el peronismo la ve como un faro para reagrupar fuerzas en un contexto de fragmentación, sus detractores insisten en que su postulación es un desafío a la Justicia. La incertidumbre sobre el fallo de la Corte Suprema y el debate sobre Ficha Limpia mantendrán su situación judicial en el centro de la escena. Por ahora, Cristina “pone el cuerpo”, como celebraron sus seguidores, y se prepara para una campaña que promete ser tan intensa como controvertida.