Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste con el discurso del ajuste, la austeridad y el fin de los privilegios, en la petrolera estatal YPF ocurre exactamente lo contrario: directores con fuerte vínculo político cobrarán en 2026 cerca de un millón de dólares por año por una tarea que demanda apenas unas pocas horas al mes.
El dato no es menor ni aislado. Cada integrante del directorio percibirá en promedio unos US$954.000 anuales. Traducido a pesos argentinos —como impacta realmente en la economía del país— se trata de cifras astronómicas que contrastan con los ingresos de cualquier trabajador, jubilado o incluso profesional calificado.
Entre los beneficiados aparecen nombres directamente ligados al poder político, como Guillermo Francos y Lisandro Catalán, quienes comenzaron a cobrar estos honorarios apenas dejaron sus cargos en el Ejecutivo. Es decir: pasan de la función pública a un sillón en una empresa estatal con remuneraciones de élite y exigencias mínimas.
El contraste es brutal. Mientras el Gobierno exige sacrificios, recorta partidas y habla de “dolor necesario”, habilita una estructura donde once directores se reparten millones por funciones que, según fuentes del sector, implican apenas reuniones esporádicas y aprobación de lineamientos generales. Nada que justifique semejante nivel de ingresos.
El caso de Manuel Adorni es la excepción que confirma la regla: no cobra su sueldo en YPF por su rol actual en el Ejecutivo. Pero el gesto queda opacado frente a un sistema que sigue funcionando como refugio político para exfuncionarios y aliados.
El presidente de la compañía, Horacio Marín, sí tiene funciones ejecutivas reales, lo que explica su salario superior. Pero eso no aplica al resto del directorio, donde predominan cargos de representación política antes que gestión concreta.
Más grave aún: estos sueldos crecieron muy por encima de la inflación y hoy, medidos en dólares, superan en un 60% a los de la gestión anterior. Es decir, el ajuste no solo no llegó a estos sectores, sino que directamente los benefició.
YPF se convierte así en un símbolo incómodo para el relato oficial. Una empresa donde el Estado —que pide sacrificios al resto— paga sueldos de primer mundo por tareas de baja intensidad. Una estructura que replica lo peor de la vieja política que el propio Milei prometió eliminar.
El problema de fondo no es solo el monto, sino el sistema: cargos utilizados como premio, refugio o plataforma electoral. Mientras tanto, la sociedad financia una maquinaria que funciona con lógica de privilegio.
En definitiva, la “casta” no desapareció. Solo cambió de nombres.