Una fuerte polémica estalló en La Calera luego de que el intendente Fernando Rambaldi dispusiera que empleados municipales participen de una manifestación contra el cobro del peaje, en un contexto que ya genera cuestionamientos por el impacto en los servicios públicos.
Según la comunicación oficial difundida por el propio municipio, se habilitó al personal a “completar la jornada” asistiendo a la protesta convocada en la estación de peaje, bajo el argumento de que se trata de una “política de Estado municipal”. La medida, sin embargo, encendió críticas porque en la práctica implicó la interrupción o reducción de atención en distintas dependencias.
El punto más sensible es el de la salud. Vecinos denunciaron que dispensarios y centros de atención primaria quedaron sin funcionamiento normal, dejando a cientos de pacientes sin atención programada. La decisión de permitir que trabajadores de estas áreas abandonen sus tareas para asistir a una movilización política genera especial rechazo por tratarse de servicios esenciales. El momento de mayor tensión se dio cuando vecinos intentaron ingresar a recibir atención medica al dispensario de Barrio El Diquecito y este se encontraba cerrado, debiendo recurrir al hospital regional que funciona en la ciudad.
Desde el municipio sostienen que la convocatoria se realizó “sin afectar servicios esenciales”, pero la realidad expuesta por usuarios contradice esa afirmación. En barrios donde los dispensarios cumplen un rol clave, la falta de atención impacta directamente en personas con turnos médicos, controles y tratamientos en curso.
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Además, el propio comunicado oficial no solo avala la participación del personal, sino que también promueve la asistencia de vecinos y familias, e incluso organiza transporte para facilitar la concurrencia. Para muchos, esto refuerza la idea de una estructura estatal puesta al servicio de una manifestación política.
El propio intendente Fernando Rambaldi envió audios de wasup a los vecinos y empleados pidiendo acompañamiento para que la protesta sea masiva y incluso su mano derecha y concejal Lucas Larrosa, según trascendió, habría amenazado a los trabajadores que ingresaron en la gestión a concurrir sí o sí. “El que no va se queda sin trabajo”, se escuchó en un audio que se le atribuye a Larrosa.
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La protesta, centrada en el rechazo al peaje, abrió así un debate más profundo: hasta qué punto un intendente puede involucrar recursos y personal municipal en una movilización sin afectar el funcionamiento básico del Estado local.
Mientras tanto, el malestar crece entre los vecinos que vieron alterada su rutina y, en algunos casos, perdieron la posibilidad de acceder a atención médica. La polémica ya no gira solo en torno al peaje, sino al uso del aparato municipal y a las prioridades de gestión en un contexto donde los servicios públicos resultan esenciales.