El conflicto cada vez más intenso y mediático entre cuidacoches y automovilistas tiene origen múltiple. Una obviedad, que parece no tener cuenta el discurso «standar» instalado al abordar el problema.
Razones básicas
En primer lugar la falta de mejor empleo para muchas personas que, jóvenes o mayores, prefieren soportar inclemencias climáticas, trasnochar, recibir insultos y permanecer en la informalidad laboral, a cualquier actividad lucrativa ilegal. Robar, para la mayoría de las personas, aunque la cultura alt-right provinciana lo niegue, no es la mejor opción. Es la peor y la evitan.
También, a muchas personas les resulta más rentable la tarea de cuidar coches que un trabajo «fijo» y en dependencia con un salario menor. En suma, los pobres también deciden según las reglas de la oferta y la demanda. La falacia neoclásica no opera solo entre ricos.
Otro componente del conflicto es la perspectiva de una porción importante de la población que se autopercibe merecedora de más beneficios «porque pago mis impuestos». Esa disputa se expresa fuerte en lo simbólico. Pero en términos concretos es lucha de pobres contra pobres. Dependientes o autónomos versus excluídos. Negros de mierda versus negros de piel, o cualquier otra imbecilidad, según la nomenclatura de los tiempos que corren. Unos se saben pobres y excluídos, y otros, lo son, pero se autoperciben diferentes.
Un elemento más que contribuye al conflicto citadino puede expresarse menos sociológicamente pero es tan real como el cantito del habla local. Es el «pijoterismo» natural del cordobés clase media-media; media, y media-alta. En promedio los cordobeses son culturalmente tacaños. Aunque «caretas». A la mayoría de los herederos de Jerónimo Luis de Cabrera no les importa pagar fortuna por un bife crudo en Puerto Madero (de paso subir una foto a las redes), pero ponen el grito en el cielo si alguien les cobra más de mil pesos por estacionar en el Parque Sarmiento durante tres horas. Y se pelean. Llaman a las radios, le echan la culpa a los gobiernos, a los vagos, a los planeros, y seguramente, a Lali Espósito.
A todo esto se suman hechos más objetivables. Las decisiones institucionales cargadas de demagogia que contribuyeron en mucho a poblar las diferentes zonas de «naranjitas». Estos existen desde hace muchos años, pero la «ocupación del territorio», del espacio público, que hoy tanto molesta a los colectivos señalados fue obra del intendente Luis Juez. Un estadista memorable para Córdoba que legalizó a estos grupos que hoy debaten derechos con la «gente de bien».
En aquellos tiempos de ingresos impositivos extraodinarios para la municipalidad de Córdoba por la explosión de la construcción a upa de la soja a 600 dólares, el entonces jefe comunal, tomo la decisión de repartir las áreas, y así, institucionalizar la actividad de los cuidacoches, en la ciudad de Córdoba.
Fue a través del decreto 3750 firmado por Daniel Juez, Secretario de Desarrollo Social y Participación Ciudadana; Walter Montenegro, secretario de Transporte y Ordenamiento Territorial y Luis Juez, Intendente Municipal, el 26 de julio de 2006, que se otorgo a tres cooperativas de «naranjitas», la facultad del control legal del estacionamientos en una amplia zona de la ciudad. La decisión incluía además, la condonación de los pagos que esas cooperativas debían realizar al municipio por el porcentaje que le correspondía de lo que cobraban. Todo esto basado, según los considerandos del decreto, en supuestos estudios de campo realizados por el Departamento de Demografía y Estadística de la Neoclásica Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. Textualmente Juez señala en el decreto que esas investigaciones confirman la buena convivencia y equilibrio entre «naranjitas» y usuarios.
Hoy la intolerencia cultural; la sobreactuación policial y judicial; la violencia institucionalizada, las estridencias periodísticas y la ola alt-right, de la que Luis Juez se siente parte por «convencimiento» (en tiempos del decreto en favor de los «naranjitas» el intendente era un kirchnerista también convencido) escandalizan la actividad de los cuidacoches. Se pide, se reclama, se exige a las autoridades mano dura. La misma dureza que tienen en sus bolsillos para pagar un servicio que fue legalizado e institucionalizado por el referente político a quien muchos acompañan en el populismo-demagógico o en la comparsa libertaria.
