La interna libertaria volvió a escalar, esta vez con derivaciones judiciales. Una fiscal de la Ciudad de Buenos Aires imputó a once usuarios de redes sociales por presuntas amenazas, a partir de una denuncia presentada por Sebastián Pareja, uno de los armadores clave de La Libertad Avanza en la provincia.
Según la causa, los mensajes investigados habrían sido publicados en X (ex Twitter) y contenían expresiones consideradas intimidatorias contra el dirigente. A partir de eso, la fiscalía avanzó con la imputación y citó a los involucrados a declaración indagatoria, en un expediente que abre un nuevo frente de conflicto dentro del propio espacio oficialista.
La reacción no tardó en llegar. Uno de los tuiteros más conocidos del universo libertario, Daniel Parisini —popularmente llamado “Gordo Dan”—, salió al cruce de Pareja con dureza. Lo acusó de victimizarse y cuestionó que se recurra a la Justicia por posteos en redes sociales, en un espacio político que hizo de la “batalla cultural” y la libertad de expresión una de sus principales banderas.
El episodio deja en evidencia una tensión creciente dentro del oficialismo: dirigentes que buscan ordenar el discurso y poner límites, frente a militantes digitales que se sienten parte de una lógica más confrontativa y sin filtros. La judicialización de esos cruces marca un punto de quiebre, donde el conflicto deja de ser político y pasa a tener consecuencias penales.
Mientras tanto, el caso avanza en tribunales y podría sentar un antecedente incómodo para un espacio que construyó gran parte de su identidad en redes sociales, pero que ahora enfrenta el costo de esa misma dinámica cuando se vuelve en su contra.