El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) continúa avanzando en los tribunales federales de Comodoro Py, salpicando al núcleo del gobierno de Javier Milei. La investigación, iniciada a fines de agosto tras la filtración de audios atribuidos al exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, revela un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, involucrando contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina SA. El caso, que ya provocó la intervención del organismo por 180 días y la remoción de Spagnuolo, se complica con nuevas declaraciones y denuncias que apuntan directamente a figuras cercanas al presidente, como su hermana Karina Milei y el subsecretario Eduardo «Lule» Menem.
Cronología de los Hechos Principales
- 19 de agosto de 2025: El canal de streaming Carnaval difunde audios clandestinos en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe un «esquema de coimas» en la ANDIS. En las grabaciones, se menciona un sobreprecio del 8% en contratos de medicamentos, del cual el 3% iría a la Secretaría General de la Presidencia (Karina Milei) y el 5% a «Lule» Menem. Spagnuolo, amigo personal de Milei y exabogado suyo, relata cómo proveedores como Suizo Argentina elevaban precios para financiar retornos. El presidente lo despide ese mismo día y el Gobierno denuncia espionaje ilegal para bloquear la difusión.
- 22-29 de agosto: El juez federal Sebastián Casanello, con el fiscal Franco Picardi, abre la causa por cohecho y ordena 14 allanamientos en sedes de la ANDIS, Suizo Argentina y domicilios de involucrados, incluyendo a Spagnuolo, Daniel Garbellini (su exsegundo) y la familia Kovalivker (dueños de la droguería). Se secuestran documentos, celulares y dinero en efectivo. Jonathan Kovalivker, uno de los dueños, es buscado y se presenta con un celular «reseteado». Suizo Argentina, que multiplicó sus contratos estatales de $3.900 millones en 2024 a $108.000 millones en 2025, emite un comunicado negando irregularidades y pone sus archivos a disposición de la Justicia. Además, la empresa facturó casi $50.000 millones a nueve provincias entre 2024 y 2025.
- Principios de septiembre: El Gobierno presenta una demanda civil para prohibir nuevos audios, pero especialistas critican la medida como un intento de censura. Se filtran más grabaciones atribuidas a Karina Milei, grabadas supuestamente en Casa Rosada, lo que intensifica las acusaciones de «operación de inteligencia ilegal» en plena campaña electoral. El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, inicia una auditoría interna para revisar contratos.
- 6 de septiembre: Paralelamente, el Tribunal Oral Federal 7 anuncia el inicio del juicio por el caso «Cuadernos de las Coimas» (de la era kirchnerista), con 75 imputados incluyendo a Cristina Kirchner, lo que genera un contraste político con el escándalo actual. Las declaraciones de arrepentidos en ese expediente se incorporan como prueba, recordando similitudes con el esquema de la ANDIS.
El Rol Clave de Fernando Cerimedo y Sus Declaraciones
Un giro significativo ocurrió el 11 de septiembre, cuando Fernando Cerimedo –consultor político, fundador de La Derecha Diario y exasesor de comunicación digital de La Libertad Avanza– declaró como testigo ante el fiscal Picardi. Presentado voluntariamente a última hora de la noche en Comodoro Py, Cerimedo ratificó bajo juramento el contenido de los audios de Spagnuolo, convirtiéndose en un testimonio independiente que valida la existencia del presunto esquema de corrupción.
En su declaración, Cerimedo confirmó que Spagnuolo, con quien compartía amistad desde la campaña de 2023 (fueron presentados por el propio Milei), le había relatado «en cuotas» a lo largo de 2024 detalles del mecanismo de sobornos. Específicamente:
- Mencionó «hechos de corrupción» y «coimas» en la compra de medicamentos, con retornos que «iban a la Casa Rosada».
- Nombró a Eduardo «Lule» Menem como articulador del esquema, y a Daniel Garbellini como un «impuesto» en la ANDIS.
- Aludió a reuniones dominicales de Spagnuolo en la casa de la hermana de la vicepresidenta Victoria Villarruel, y reconoció el nombre de Pablo Atchabahian (otro funcionario mencionado en los audios).
- Negó rotundamente haber grabado a Spagnuolo, atribuyendo la filtración a tensiones personales: su esposa, Natalia Basil (exdirectora en la ANDIS), tuvo diferencias con el exfuncionario, lo que enfrió su relación.
Cerimedo, quien ya había anticipado parte de su testimonio en una entrevista radial en Radio con Vos, enfatizó que no denunció antes por no tener pruebas concretas, pero su relato –independiente de los audios, cuya autenticidad se cuestiona por su origen ilegal– fortalece la investigación. Fuentes judiciales lo describen como «fundamental», ya que introduce evidencia testimonial que podría derivar en imputaciones.
El abogado Gregorio Dalbón (defensor de Cristina Kirchner en otras causas) denunció a Cerimedo y a su esposa por «encubrimiento», argumentando que, al conocer el esquema desde 2024, debieron alertar a la Justicia. La presentación busca que se investigue por qué no actuaron antes, sumando presión al testigo.
Spagnuolo evalúa convertirse en arrepentido y cambió de abogados tras la renuncia de su defensa inicial. El juez Casanello prorrogó el secreto de sumario por 10 días más, mientras se peritan celulares de los Kovalivker y Garbellini. En redes sociales, el caso genera revuelo: hashtags como #LaCoimaDeTuHermana y #KarinaEsAltaCoimera acumulan miles de menciones, con usuarios exigiendo transparencia en plena previa electoral de octubre.
El Gobierno mantiene el silencio oficial, pero Milei ha calificado los audios como «truchos» y prometió «probar que mintieron». La oposición, liderada por el peronismo, usa el escándalo para cuestionar la «transparencia» libertaria, mientras el caso se entrecruza con investigaciones paralelas como el de la cripto $LIBRA. Con 626 testigos potenciales en causas similares, el impacto político podría extenderse más allá de las elecciones, erosionando la credibilidad del oficialismo en un año marcado por protestas y ajustes económicos. La Justicia, por ahora, prioriza la auditoría de contratos por $55.000 millones con Suizo Argentina, buscando pruebas irrefutables de un «entramado sistémico».