El legislador cordobés Gregorio Hernández Maqueda elevó una carta formal a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, solicitando que la reforma integral del Código Penal en la que trabaja el Gobierno incluya la tipificación como delito de la actividad de los llamados “cuidacoches” y “limpiavidrios”. Según advirtió, estas prácticas “se han convertido en un sistema de extorsión cotidiana que restringe la libertad de los ciudadanos y deteriora la seguridad pública”.
Hernández Maqueda celebró la designación de Monteoliva y el rumbo de orden impulsado por el presidente Javier Milei, pero apuntó que provincias como Córdoba “han sido incapaces de enfrentar con firmeza estas estructuras durante años”. Sostuvo que no se trata de actividades espontáneas, sino de mecanismos “sostenidos por acuerdos entre sectores políticos, cooperativas y organizaciones sociales que alimentan el pobrismo y administran la calle según sus propios intereses”.
El legislador recordó que ya presentó en la Unicameral un proyecto de ley para prohibir y sancionar esta actividad, iniciativa que —señaló— “podría haber dado una respuesta inmediata en Córdoba”, pero permanece frenada por el oficialismo provincial, que evita su tratamiento desde hace meses.
Para Hernández Maqueda, la expansión de cuidacoches y limpiavidrios provoca zonas liberadas, presiona a turistas y vecinos, e instala un clima de intimidación permanente. “Lo que empezó como algo informal terminó en un mecanismo organizado de coerción. El ciudadano que estaciona o se detiene en un semáforo queda obligado a pagar por una supuesta ‘protección’. Eso es extorsión, no trabajo”, subrayó.
En su carta, pidió que la reforma penal incorpore un tipo penal específico para sancionar “la exigencia coercitiva o el ofrecimiento compulsivo de estos ‘servicios’ en el espacio público”. Sostuvo que la medida permitiría restablecer la libertad de tránsito, resguardar la propiedad privada y recuperar una mínima sensación de seguridad en las principales ciudades del país.
Además, puso a disposición de la ministra los proyectos 41593/L/24 y 43140/L/25, ya presentados en el ámbito provincial, y remarcó que la intervención de Nación es “imprescindible” para desarticular un mecanismo que —según dijo— se replica en todos los grandes centros urbanos.
“Es hora de terminar con la idea de que la calle pertenece a grupos que la manejan como si fueran feudos. La calle es de los ciudadanos, y el Estado tiene la obligación de protegerlos”, concluyó.