Bolivia vivió una jornada de alta tensión política después de que un fiscal de La Paz ordenara la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.

Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo, estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la orden de detención, según medios locales.

La ola de órdenes de aprehensión contra figuras de la pasada gestión transitoria de Áñez se inició la semana pasada a partir de una demanda de la exdiputada oficialista Lidia Patty.
 El caso de «terrorismo y sedición» fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.

Este jueves, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos.

Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.

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