El reciente restablecimiento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, anunciado por el gobierno de Javier Milei y oficializado mediante el Decreto 38/2025, marca un retroceso en las promesas de campaña y un nuevo golpe a sectores clave de la economía argentina, particularmente al campo. A partir del 1 de julio de 2025, cultivos esenciales como la soja, el maíz, el sorgo y el girasol volverán a tributar las alícuotas previas a la rebaja temporal implementada en enero, lo que agrava la situación de un sector ya castigado por la sequía, la caída de precios internacionales y el aumento de costos. Esta decisión, que contrasta con la eliminación permanente de retenciones para las economías regionales, merece una mirada crítica por su impacto desigual, su falta de previsibilidad y su contradicción con un discurso que prometía liberar al sector privado de la presión estatal.
Los Sectores Afectados: El Campo en la Mira
A partir de julio, los principales cultivos agrícolas enfrentarán un incremento en las retenciones, volviendo a los niveles de enero de 2025. Según los anuncios oficiales, las alícuotas serán las siguientes:
- Soja: El poroto de soja pasa de un 26% a un 33%, mientras que sus derivados (aceite y harina) suben del 24,5% al 31%.
- Maíz y sorgo: Ambos cultivos verán sus retenciones incrementadas del 9,5% al 12%.
- Girasol: Las retenciones pasarán del 5,5% al 7%.
En contraste, el trigo y la cebada mantendrán la rebaja temporal de retenciones (9,5%) hasta el 31 de marzo de 2026, una medida que busca apoyar a estos cultivos en plena siembra. Sin embargo, esta excepción no mitiga el impacto general sobre el sector agropecuario, que enfrenta márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados. Según la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la presión impositiva sobre el campo, que ya alcanzaba el 58% en marzo de 2025, podría elevarse al 70% con el restablecimiento de estas alícuotas, agravada por costos de insumos que han crecido entre un 300% y 400% en el último año.
Una Promesa Incumplida
El gobierno de La Libertad Avanza asumió con la bandera de reducir la presión fiscal y “sacarle la pata del Estado de la cabeza al sector privado”. Sin embargo, la decisión de restablecer las retenciones contradice directamente este compromiso. En abril de 2025, el propio presidente Milei advirtió al sector agropecuario que “liquide ahora porque en julio vuelven las retenciones”, una declaración que no solo generó incertidumbre, sino que también evidenció la falta de un plan integral para sostener al campo en el largo plazo. La rebaja temporal de retenciones, anunciada en enero con un costo fiscal de 800 millones de dólares, fue presentada como una señal de apoyo al sector, pero su carácter transitorio y la posterior suba han generado desconfianza entre los productores, quienes enfrentan un contexto de baja de precios internacionales y efectos climáticos adversos.
La Federación Agraria Argentina (FAA) expresó su preocupación, señalando que estas medidas no resuelven las necesidades de los pequeños y medianos productores, quienes enfrentan una crisis marcada por el aumento de costos y la falta de políticas sostenibles. La FAA criticó la vigencia limitada de la rebaja, que no permite planificar la próxima campaña agrícola, y reiteró su propuesta de eliminar las retenciones de forma paulatina con un mínimo no imponible para los productores más pequeños.
Impacto en la Rentabilidad y la Competitividad
El restablecimiento de las retenciones tendrá un impacto directo en la rentabilidad del sector agropecuario, especialmente en regiones menos productivas. Según el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), la suba de alícuotas podría reducir la rentabilidad entre un 11% y 12% en la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires) y entre un 21% y 74% en la región extra pampeana, donde los rendimientos son menores y los costos logísticos más altos. Esta medida no solo desincentiva la inversión, sino que también podría frenar la liquidación de divisas, afectando la acumulación de reservas del Banco Central en un momento clave previo a las elecciones legislativas de octubre.
Además, la falta de previsibilidad en las políticas fiscales genera incertidumbre en un sector que depende de la estabilidad para planificar ciclos productivos. La FAA señaló que los pequeños productores, que suelen vender al momento de la cosecha, no se benefician de las estrategias de liquidación anticipada que favorecen a los grandes exportadores, lo que profundiza las desigualdades dentro del sector.
Las Economías Regionales: Un Alivio Selectivo
El gobierno ha destacado la eliminación permanente de retenciones para las economías regionales, como el arroz, el maní, los cítricos, el tabaco, la industria forestal y la yerba mate, entre otros, que representaron exportaciones por más de 1.100 millones de dólares en 2024. Si bien esta medida es positiva y responde a un reclamo histórico de sectores que no soportan la misma presión fiscal que los grandes cultivos, no compensa el impacto negativo sobre los productores de soja, maíz, sorgo y girasol, que representan el grueso de las exportaciones agropecuarias (cerca del 60% del total).
Además, la exclusión de algunos productos regionales, como el girasol y el vino (que mantienen retenciones del 7% y 8%, respectivamente), ha generado críticas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que productos como el algodón, los arándanos y las nueces no fueron incluidos en la exención, lo que evidencia un “vacío legal” que afecta a sectores clave de las economías provinciales.
Una Política Contradictoria
La decisión de aumentar las retenciones al campo mientras se eliminan para las economías regionales refleja una política fiscal inconsistente. Por un lado, el gobierno busca mantener el superávit fiscal (1,6% del PBI en 2025, según sus metas), proyectando recaudar unos 930 millones de dólares adicionales con la suba de alícuotas. Por otro lado, la carga impositiva sobre el sector agrícola, que aporta más del 60% de las exportaciones argentinas, desincentiva la producción y la inversión, limitando el potencial de un sector clave para la generación de divisas.
La suba de retenciones también contradice el objetivo de promover la competitividad. Como señaló el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), aumentar las alícuotas para subproductos de la soja (como harina y aceite) al mismo nivel que el poroto desincentiva el agregado de valor, favoreciendo la exportación de materia prima sin procesar, principalmente a China. Esto va en contra de un modelo de desarrollo que priorice la industrialización y el empleo.
Voces de Oposición
La reacción del sector agropecuario ha sido contundente. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) han acompañado a gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) en su rechazo a la suba de retenciones, argumentando que generan un impacto económico negativo no solo en el campo, sino en toda la economía. En redes sociales, dirigentes como Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica han calificado la medida como una “extorsión al campo”, comparándola con las políticas de Sergio Massa.
La Federación Agraria Argentina, por su parte, ha advertido que la suba de retenciones podría tornar inviable la producción de soja en el 80% de la superficie agrícola, afectando especialmente a los pequeños productores. Estas críticas resaltan un sentimiento generalizado de frustración en un sector que, según FADA, ya entrega al Estado el 63,6% de cada 100 pesos generados por hectárea.
Conclusión: Un Error Estratégico
La decisión de restablecer las retenciones al campo es un error estratégico que pone en riesgo la competitividad de un sector clave para la economía argentina. En un contexto de sequía, bajos precios internacionales y costos crecientes, el aumento de la presión fiscal desincentiva la inversión y la producción, afectando no solo a los productores, sino también a las economías locales que dependen del agro. La eliminación de retenciones para las economías regionales es un paso positivo, pero insuficiente para compensar el impacto sobre los grandes cultivos, que son el motor de las exportaciones.