Los gobernadores han decidido llevar su reclamo por mayores fondos al Congreso Nacional, desafiando la postura de ajuste fiscal impulsada por el presidente Javier Milei. Este enfrentamiento, que pone en juego la distribución de recursos clave como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los impuestos coparticipables, refleja el creciente malestar de las provincias frente a lo que consideran un «superávit fiscal ficticio» logrado a expensas del interior del país.
El Reclamo Provincial
Los mandatarios provinciales, encabezados por figuras como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), han presentado un proyecto de ley conjunto para exigir una distribución más equitativa de los recursos.
Entre enero y mayo de 2025, la Nación distribuyó solo $80.500 millones de ATN, cuando, según criterios de coparticipación, debería haber transferido $215.000 millones. Este recorte, sumado a la caída de ingresos por coparticipación debido a la recesión y cambios tributarios, ha generado una pérdida estimada de $30,4 billones para las provincias desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2025.
Los gobernadores denuncian que el Gobierno nacional utiliza los fondos coparticipables y los ATN como herramientas de presión política, afectando servicios esenciales como salud, educación e infraestructura vial. En particular, las 13 provincias con cajas jubilatorias propias (como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) reclaman una deuda superior a los $2 billones por transferencias no realizadas desde diciembre de 2023, lo que pone en riesgo el pago de haberes a jubilados.
La Respuesta del Gobierno Nacional
El Ejecutivo, liderado por Milei, mantiene una postura inflexible centrada en el déficit cero como pilar de su política económica. En la presentación del Presupuesto 2025, el presidente instó a las provincias a realizar un ajuste adicional de $60.000 millones para cumplir con el compromiso de reducir el gasto público consolidado al 25% del PBI. Desde la Casa Rosada, se argumenta que cualquier aumento en las transferencias a las provincias implicaría un desequilibrio fiscal, y se insiste en que los ATN deben destinarse exclusivamente a emergencias o desequilibrios financieros, como los $15.000 millones otorgados a Neuquén por incendios forestales o los $10.000 millones a Buenos Aires por las inundaciones en Bahía Blanca.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha mostrado disposición a negociar un monto máximo de ATN basado en coeficientes de coparticipación, pero las provincias consideran esta propuesta insuficiente. El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Oliveros, fue categórico: «No hubo una propuesta concreta del Gobierno nacional», lo que llevó a los mandatarios a avanzar con su proyecto de ley en el Congreso.
El Rol del Congreso
El proyecto de ley presentado por las provincias busca establecer criterios transparentes para la distribución de recursos, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo. Entre los puntos clave están la devolución del 1,9% de los impuestos coparticipables que financiaban la AFIP, la compensación del Pacto Fiscal de 2017, y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Los gobernadores de Juntos por el Cambio, como Ignacio Torres (Chubut), han amenazado con bloquear decretos clave para el Gobierno, como el DNU 846/22 sobre canje de deuda extranjera, si no se atienden sus demandas.
La discusión en el Congreso se anticipa como un nuevo campo de batalla. Mientras el oficialismo, en minoría, busca avanzar con reformas tributarias y mantener el control sobre los recursos, los legisladores que responden a los gobernadores podrían condicionar su apoyo al Presupuesto 2025, cuya aprobación sigue siendo incierta. Algunos mandatarios aliados al PRO sugieren que Milei podría negociar acuerdos bilaterales con ciertas provincias, marginando a las más opositoras, para garantizar el equilibrio fiscal sin ceder completamente a las demandas colectivas.
El enfrentamiento entre las provincias y el Gobierno nacional pone en evidencia las tensiones del federalismo argentino en un contexto de crisis económica. Los gobernadores argumentan que el ajuste de Milei, que incluye una caída del 97% en subsidios al transporte y del 78% en fondos para educación y cultura, ha paralizado obras y servicios esenciales, afectando directamente a la población. Por su parte, el Ejecutivo defiende que el superávit fiscal logrado en 2024 (0,4% del PBI) es un paso hacia la estabilidad económica, pero las provincias lo califican como un «superávit ficticio» basado en el retraso de transferencias que les corresponden por ley.
A medida que se acerquen las elecciones legislativas de 2025, la presión por recursos podría intensificarse, con las provincias buscando recuperar autonomía financiera y el Gobierno nacional aferrado a su estrategia de ajuste. La resolución de este conflicto en el Congreso será crucial para definir el rumbo económico y político del país en el próximo año.