En un encuentro de universidades nacionales, ONGs e instituciones denominada «Compromiso con la transparencia y la democracia», Sergio Massa ratificó su intención de enfrentar la corrupción como política de Estado y anticipó que el futuro titular de la Oficina Anticorrupción será un dirigente opositor.
«Creo que es importante que le planteemos a la sociedad que, así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los deferentes mecanismos de control interno del Estado. Esa es la Oficina Anticorrupción», dijo el candidato de Unión por la Patria en el encuentro.Posteriormente, subrayó que «el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria es que nuestra propuesta incluya que la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto yo aprobado en el Congreso desde el principal bloque opositor, porque es una forma de transferir y compartir responsabilidades». De ser así, se replicaría la lógica de la Auditoría General de la Nación, actualmente presidida por el dirigente radical Jesús Rodríguez.A su vez, aseguró que va a «impulsar la nueva Ley de Ética«, considerando que «es muy importante porque fija un piso de condiciones mínimas y de requisitos mínimos respecto no solo del conflicto de intereses, sino también del cuidado en materia de transparencia y en eficiencia y control de lo público». «Tenemos que construir esta etapa en la cual ética, integridad, lucha contra la corrupción, el control del gasto y la transparencia, sean parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional», concluyó.
Oficina Anticorrupción: quiénes fueron sus directores
La Oficina Anticorrupción tuvo un antecedente directo en la Fiscalía de Control Administrativa, constituida desde 1999. En ese marco, se sucedieron una serie de juristas independientes José Massoni, Carlos Garrido, Daniel Morín y Abel Ortíz de Rozas. La asunción de Julio Vitobello, referenciado con el PJ, en 2009 fue la primera designación de un oficialismo.
Laura Alonso fue formalmente la primera directora de la Oficina Anticorrupción a partir de diciembre del 2015. Aunque logró culminar su gestión, recibió una serie de denuncias por parte de diputados nacionales: por no investigar irregularidades en la compra de gas a Chile por parte del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, por «incumplimiento de los deberes públicos» y «abuso de autoridad» al no actuar en las causas que involucraban a Mauricio Macri con los Panamá Papers y la condonación de la deuda de Correo Argentino; y por no intervenir en la denuncia del pago de coimas a funcionarios macristas por parte de la empresa brasileña Odebrecht.
Por su parte, Alberto Fernández contó con dos directores de la Oficina Anticorrupción: el fiscal Félix Crous (2019-2022) y la abogada Verónica Gómez, quien es la que actualmente dirige el organismo.
Detectan irregularidades con parques eólicos durante el gobierno de Macri
La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó graves irregularidades con la licitación de parques eólicos durante el gobierno de Mauricio Macri. La información surgió de una auditoría de cumplimiento y gestión en el ámbito de la Secretaría de Energía, vinculada con el “Programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables”, conocido como Programa Renovar.
El período auditado abarcó desde el 18 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2021. El objetivo principal de la auditoría fue verificar la gestión, seguimiento y control de la Secretaria de Energía, respecto de la planificación y el diseño del programa Renovar, cuyo fin era licitar iniciativas de generación energía eléctrica a través de fuentes renovables.
En ese marco, la Auditoria halló que el ex Ministerio de Energía y Minería permitió -en el 2016- la aplicación de los beneficios del Renovar a empresas adjudicatarias de programas previos, sin participar del procedimiento licitatorio, y que estas obtuvieron precios superiores a los establecidos para las empresas adjudicatarias.
«El esquema de distribución de riesgos del Programa se inclinó de manera favorable hacia las empresas, en desmedro del Estado. El Estado Nacional, incluso, se constituyó en garante de obligaciones de terceros, comprometiendo de manera contingente sus propios recursos mediante la asunción de compromisos con organismos internacionales», sostiene el informe de la AGN.