Pese a la presión de una posible revocatoria vecinal, la intendenta Adela Arning continúa ampliando la planta política de la Municipalidad de Mendiolaza. El pasado martes, durante una sesión del Concejo Deliberante en la que estudiantes del IPEM 317 reclamaban por el avance de las obras de aulas, se presentó un nuevo funcionario: el “Secretario de Coordinación”. Este cargo, creado recientemente y en funciones desde el 21 de abril de 2025, según lo informado por el propio secretario, sorprendió incluso a los cinco concejales oficialistas, quienes desconocían su designación.
El nuevo secretario, enviado por la intendenta para abordar los reclamos sobre las obras inconclusas, confirmó que el gobierno provincial transfirió 35 millones de pesos el 3 de abril, fondos que permanecen en las arcas municipales. Además, afirmó que las obras presentan un avance del 40%, contradiciendo la certificación del 60% presentada por el exintendente Daniel Salibi, a la que calificó como irregular, en línea con declaraciones previas de Arning en medios radiales.
La designación de este nuevo funcionario, que no reside en Mendiolaza, ha generado críticas. Un concejal expresó en privado su malestar, señalando que “la intendenta persiste en incorporar personas de afuera con altos salarios”. Este comentario refleja uno de los principales argumentos de la revocatoria vecinal, que cuestiona el aumento de la planta política y el salario de la intendenta, que superaría el del Presidente de la Nación.
Por otro lado, las redes de los vecinos estallaron cuando el vecino que promueve la revocatoria aclaró algunas cuestiones que la misma intendenta había puesto en duda.
Alberto Desiderio Dalmazzo, vecino de la localidad, alzó su voz para denunciar lo que considera graves irregularidades en la gestión de la intendenta Adela Arnig y el Concejo Deliberante, defendiendo su iniciativa de impulsar una revocatoria como un «acto democrático» frente al hartazgo ciudadano.
Dalmazzo cuestionó las acusaciones de algunos concejales que tildaron su propuesta de revocatoria como un acto político motivado por intereses económicos. «Quien tenga pruebas, que se presente en la justicia y denuncie. Es incorrecto manchar el nombre de las personas», afirmó, asegurando que su acción responde a la falta de transparencia y al mal manejo de los recursos públicos en el municipio.
Entre las irregularidades señaladas, Dalmazzo destacó un aumento del 500% en los impuestos en 15 meses sin mejoras visibles en los servicios. Además, denunció la falta de rendición de cuentas sobre fondos provinciales: 100 millones de pesos destinados a la reparación de calles y 35 millones para obras en escuelas, cuyo destino se desconoce. Según el vecino, los alumnos deben estudiar en condiciones deplorables, en «una cueva fétida», debido a la no ejecución de estas obras.
El vecino también apuntó a una declaración del nuevo secretario municipal, quien el 21 de abril constató que una obra con un 60% de certificación presentaba solo un 40% de avance real, lo que, según Dalmazzo, constituye un delito penal que los siete concejales deberían haber denunciado. Sin embargo, el Concejo Deliberante no solo omitió actuar, sino que otorgó de manera «arbitraria e ilegal» una prórroga hasta el 30 de mayo de 2025 para la presentación de los balances municipales del 2024, algo que, según la Ley 8102, es improrrogable.
Dalmazzo subrayó que la intendenta Arnig no ha presentado los balances anuales, incumpliendo con la obligación establecida en el artículo 49 de la Ley 8102, que exige remitir la documentación al Tribunal de Cuentas dentro de los 60 días posteriores al cierre del ejercicio. Esta omisión, según el vecino, representa una «seria irregularidad» que podría configurar un delito. Además, criticó al Concejo por no iniciar acciones penales ni administrativas, señalando que los siete concejales, incluidos tres abogados, podrían ser considerados cómplices o coautores de estas irregularidades si no actúan de inmediato, conforme lo estipulado en el artículo 317 del Código Procesal Penal.
«Los concejales y la intendenta están en una actitud negacionista de cumplir la ley», afirmó Dalmazzo, quien calificó de «improcedente» la prórroga otorgada por el Concejo y llamó a los funcionarios a presentar sus renuncias para «honrar la democracia». Asimismo, rechazó las acusaciones de «golpista» y defendió la revocatoria como una herramienta legítima para exigir transparencia y respeto por el estado de derecho.
Dalmazzo finalizó con un mensaje contundente: «El pueblo les hará sentir el escarmiento en las urnas. Con los instrumentos que nos brinda la ley, la Constitución y la voluntad popular, esto cambiará».
La situación en Mendiolaza pone en el centro del debate la gestión municipal y la responsabilidad de las autoridades en garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, mientras la comunidad espera respuestas concretas.