En un nuevo capítulo de la crisis política que atraviesa Mendiolaza, la Justicia Electoral Provincial desestimó los intentos de la intendenta Adela Arning (PRO) para detener el proceso de revocatoria de su mandato, impulsado por un grupo de vecinos disconformes con su gestión. La resolución, emitida por la jueza Marta Vidal, ratifica la conformación de una Junta Electoral Municipal que supervisará la recolección de firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio, desoyendo los planteos de Arning, quien buscaba invalidar el procedimiento por supuestas irregularidades formales.
El proceso de revocatoria, iniciado formalmente a fines de 2024 por el vecino Alberto Dalmasso, responde a críticas generalizadas contra la gestión de Arning, marcada por un intento de aumentar las tasas municipales en un 165%, conflictos laborales, renuncias de funcionarios y concejales, y denuncias de abandono en servicios básicos como recolección de residuos, iluminación y mantenimiento de calles. Para que el referéndum se concrete, los vecinos deben reunir al menos 1.400 firmas certificadas, equivalentes al 10% del padrón electoral de la localidad, un objetivo que, según Dalmasso, ya estaría próximo a alcanzarse.
Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias. El 1 de abril de 2025, Arning protagonizó un incidente en la comisaría de Mendiolaza, donde acudió acompañada por tres abogados constitucionalistas con la intención de frenar la certificación de firmas. Según relatos de testigos, la intendenta mantuvo un enfrentamiento verbal con vecinos presentes, en un episodio que escaló hasta requerir la intervención de autoridades policiales. La comisaria a cargo habría advertido a Arning y sus abogados que no podían interferir en un proceso ordenado por la Justicia, lo que desató críticas por una actitud percibida como intimidatoria.
Vecinos autoconvocados, liderados por Dalmasso, denunciaron que este tipo de actitudes reflejan un «estilo autoritario» de la intendenta, acusándola de intentar amedrentar a quienes impulsan la revocatoria. «No es la primera vez que Arning busca presionar a la ciudadanía. Su presencia en la comisaría con abogados fue una clara amenaza para desalentar a los vecinos que ejercen un derecho democrático», afirmó Dalmasso en diálogo con medios locales. Estas acusaciones han generado un clima de alta tensión en Mendiolaza, con temores de que el conflicto derive en mayores enfrentamientos.
Arning, por su parte, defendió su accionar argumentando que busca «garantizar la transparencia» del proceso y señaló que las firmas podrían incluir irregularidades, aunque no presentó pruebas concretas. En una entrevista con Perfil, la intendenta, que asumió en 2023 con solo el 25,8% de los votos, atribuyó las críticas a una herencia de «desastre administrativo» dejada por su predecesor, Daniel Salibi, y a la resistencia de sectores políticos opositores. «Me están haciendo el camino mucho más difícil», expresó, insistiendo en que su gestión ha logrado avances como la adquisición de camiones para residuos y la mejora de luminarias sin costo para los vecinos.
El rechazo judicial a los pedidos de Arning representa un revés significativo para su estrategia de mantenerse en el cargo hasta 2027. Analistas locales advierten que, de concretarse el referéndum, Mendiolaza podría convertirse en un caso testigo para otros municipios cordobeses con gestiones cuestionadas, lo que ha puesto en alerta al gobierno provincial. Desde el entorno de Arning, se especula que la intendenta podría redoblar sus esfuerzos legales para dilatar el proceso, mientras los vecinos intensifican la recolección de firmas, decididos a llevar la decisión a las urnas.
En este contexto, la amenaza percibida por los vecinos y el rechazo de los planteos judiciales de Arning no solo profundizan la crisis política en Mendiolaza, sino que también plantean interrogantes sobre los límites de la participación ciudadana y la respuesta de las autoridades frente al descontento popular. La resolución del conflicto, que podría marcar un precedente en Córdoba, dependerá de los próximos pasos en la Justicia y de la capacidad de los actores involucrados para encauzar el proceso en un marco de respeto democrático.