La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de colectivos, mantiene un diálogo con las cámaras empresariales y el Gobierno nacional en un intento por resolver las diferencias salariales y evitar medidas de fuerza que afectarían a millones de usuarios. A continuación, un resumen del estado actual de las tratativas, basado en la información disponible hasta el 2 de mayo de 2025.
Contexto del conflicto
El principal punto de fricción es la negociación paritaria. La UTA reclama un aumento salarial que lleve el sueldo básico de los choferes de $1.200.000 a $1.700.000, argumentando que los ingresos actuales no alcanzan para hacer frente a la inflación. Las cámaras empresariales, como la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y otras, sostienen que no tienen margen financiero para otorgar incrementos sin un ajuste en las tarifas del boleto o un aumento en los subsidios estatales. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte, bajo la órbita de Luis Caputo y Franco Mogetta respectivamente, han adoptado una postura firme, priorizando el ajuste fiscal y descartando incrementos inmediatos en subsidios o tarifas.
El último intento de paro, anunciado para el 6 de mayo, fue definido por la UTA tras el fracaso de una audiencia el 30 de abril, donde las empresas ofrecieron un incremento de menos del 6% a partir de junio, junto con bonos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 entre mayo y julio. El gremio calificó la propuesta como “una falta de respeto” y resolvió una medida de fuerza de 24 horas a nivel nacional. Sin embargo, una nueva audiencia está programada para el lunes 5 de mayo, lo que abre una ventana para desactivar el paro
Avances y obstáculos en las negociaciones
Las negociaciones han estado marcadas por idas y vueltas. Por un lado, el Gobierno ha utilizado herramientas como la conciliación obligatoria para frenar medidas de fuerza, como ocurrió en marzo de 2025, cuando se evitó un paro de 24 horas. Por otro, la UTA ha mostrado disposición al diálogo, pero advierte que el malestar entre los trabajadores es creciente. Fuentes gremiales señalaron que, tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, el sindicato está legalmente habilitado para tomar acciones, y la presión de las bases podría llevar a un paro si no hay avances concretos
Las empresas, por su parte, argumentan que el sistema de transporte está en crisis. Según la AAETA, el precio real del boleto sin subsidios es de $1.596,40, mientras que los usuarios pagan un promedio de $371,13, lo que genera un déficit cubierto parcialmente por subsidios. Las cámaras estiman que necesitan al menos $50.000 millones adicionales en subsidios para operar con normalidad, sin contar los costos salariales, que representan cerca del 45% de su presupuesto