Mientras el presidente Javier Milei insiste con el relato del ajuste “inevitable” y la baja de impuestos como bandera ideológica, el Gobierno volvió a oficializar un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles que impactará de lleno en los precios de la nafta y el gasoil durante febrero. El incremento fue dispuesto a través del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
Lejos de una reducción de la presión fiscal, el Ejecutivo avanzó con una nueva suba del impuesto a los combustibles líquidos y del gravamen al dióxido de carbono, un combo que vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores y encarece toda la cadena productiva. Se trata de una actualización correspondiente a montos pendientes de 2024 que el Gobierno decidió seguir trasladando de manera fragmentada para evitar el costo político de un aumento pleno de una sola vez.
Para las naftas, el impuesto a los combustibles líquidos subirá $16,773 por litro, a lo que se suma un incremento de $1,027 en el impuesto al dióxido de carbono. En el gasoil, el ajuste alcanza los $14,372 por litro en el gravamen general, $7,782 en la alícuota diferencial aplicada en la Patagonia y regiones del interior, y $1,638 por litro por el tributo al CO₂.
El decreto lleva la firma de Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, el mismo funcionario que durante el macrismo defendía la necesidad de “aliviar la carga impositiva” y que hoy convalida aumentos mensuales que funcionan como un tarifazo por goteo.
En los considerandos, el Gobierno justifica la medida bajo el argumento de “estimular el crecimiento económico a través de un sendero fiscal sostenible”. Sin embargo, en la práctica, la política elegida es la contraria: subir impuestos al consumo masivo, encarecer el transporte, presionar sobre los precios de los alimentos y trasladar el ajuste directamente a los usuarios.
El esquema de actualización automática de estos tributos rige desde 2018 y se ajusta por inflación según el IPC del INDEC. Pero lo que el Gobierno omite señalar es que la decisión de avanzar ahora con estas subas no es técnica sino política: aplicar impuestos atrasados cuando el consumo está deprimido y los ingresos reales siguen en caída.
El impuesto al dióxido de carbono, presentado como una herramienta ambiental, termina siendo otro componente recaudatorio que se suma al precio final del litro de combustible. Aunque representa una porción menor del total, se actualiza sin discusión y sin que exista una política ambiental integral que justifique su impacto.
La actualización de febrero se suma a la aplicada en enero y confirma un patrón: lejos de eliminar impuestos, el Gobierno libertario los reactualiza mes a mes, los disfraza de prórrogas técnicas y los convierte en un mecanismo silencioso de recaudación. Un ajuste persistente que no pasa por el Congreso, no se debate públicamente y se siente todos los días en el surtidor.