Hayden Davis, empresario del mundo cripto especializado en memecoins y tecnologías blockchain, firmó un acuerdo confidencial con el presidente Javier Milei para convertirse en asesor en tecnologías descentralizadas del Gobierno argentino, según un documento al que tuvo acceso Clarín.
El entendimiento se rubricó durante el último viaje relámpago de Davis a la Argentina, una visita de apenas 38 horas, que tuvo lugar el 30 de enero de 2025, exactamente quince días antes del lanzamiento del token $LIBRA, el activo digital que luego sería promocionado desde el entorno presidencial.
La cronología no es un dato menor. El acuerdo se firmó un año atrás, en un contexto de fuerte impulso oficial al discurso cripto y en medio de una estrategia política que buscaba asociar al Presidente con referentes del ecosistema blockchain, sin que mediara hasta ahora información pública sobre contratos, funciones específicas ni alcances reales del asesoramiento.
Durante esa breve estadía en el país, Davis visitó la Casa Rosada, donde mantuvo una reunión de aproximadamente 30 minutos con Milei. Del encuentro también participaron los lobbistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, nombres ya habituales en los vínculos entre el Gobierno libertario y el mundo de los negocios tecnológicos y financieros no tradicionales.
De esa reunión surgió, casi de inmediato, un mensaje del Presidente en su cuenta de X, en el que presentó públicamente a Davis, otorgándole una legitimación política que contrastó con la falta de información institucional sobre su rol, su eventual remuneración y los compromisos asumidos por el Estado argentino.
El carácter confidencial del acuerdo vuelve a encender interrogantes:
¿En qué condiciones un empresario extranjero especializado en memecoins accedió al despacho presidencial?
¿Qué tipo de asesoramiento prestó —o presta— y con qué impacto en decisiones oficiales?
¿Por qué no se transparentó el vínculo, especialmente cuando días después se lanzó un token asociado al relato libertario sobre la “nueva Argentina cripto”?
Mientras el Gobierno predica ajuste, austeridad y rechazo a la “casta”, el caso Davis expone otra cara: acuerdos reservados, lobby sin registro y vínculos opacos en áreas sensibles como las finanzas digitales, un terreno donde la falta de controles puede convertirse en un riesgo político, económico y reputacional para el país.