La causa Libra volvió a estallar en el Congreso con un informe que, lejos de dejar zonas grises, marca un recorrido político tan evidente que hasta cuesta llamarlo “escándalo”: todo conduce a la puerta del Presidente y al despacho de su hermana, Karina Milei. Pero lo más escandaloso no es lo que dice el documento, sino lo que calla el ecosistema mediático que, con una disciplina casi corporativa, decidió blindarla.
El informe final de la comisión investigadora es brutal: sostiene que sin la promoción directa de Javier Milei desde una cuenta oficial, la maniobra con la criptomoneda Libra —calificada por técnicos y legisladores como una operación cercana a un clásico rug pull— jamás hubiera tomado la escala que tomó. El Congreso señala que el Presidente no actuó como un “ciudadano común”, sino como Jefe de Estado, tensando al máximo los límites de la Ley de Ética Pública y empujando a miles de ahorristas a un producto financiero sin control, sin auditoría y con antecedentes de operatorias casi calcadas.
Pero el texto va todavía más lejos: Karina Milei aparece involucrada por haber autorizado ingresos a Olivos y a Casa Rosada de los promotores del token, un dato que mete de lleno a la Secretaría General en la trama. Y, sin embargo, gran parte del círculo rojo periodístico sigue mirando para otro lado, como si la hermana del Presidente fuera una especie de intocable republicana, una realidad paralela donde las responsabilidades políticas son optativas.

Mientras la comisión detalla vínculos, reuniones previas, omisiones deliberadas de controles y un patrón reiterado —no uno, sino tres antecedentes cripto con la misma lógica—, varios periodistas siguen construyendo un clima de protección casi religiosa. No la nombran, no preguntan, no investigan: la blindan. Como si la transparencia fuera un servicio premium y no un deber democrático.
Lo que quedó claro en esta última sesión es que el caso Libra no es un error, no es un descuido, no es una torpeza: es un modo de operar. Las reuniones con lobistas, la falta de consulta a organismos de control, la difusión de información privilegiada y el uso de instalaciones oficiales para encuentros vinculados a un proyecto privado son, según la comisión, parte de un patrón. Y cuando un patrón se repite, ya no es accidente: es conducta.
La oposición ahora pide evaluar en el pleno del Congreso si Milei incurrió en mal desempeño. Pero la discusión institucional es apenas la mitad del problema. La otra mitad, más preocupante, más corrosiva, es el blindaje mediático que rodea a Karina Milei, una especie de zona liberada donde la crítica se castiga y el silencio se premia. No se trata solo de política: se trata de periodistas que se comportan como si formaran parte del dispositivo de poder que deberían controlar.
La causa Libra expone algo más profundo que un escándalo financiero: expone las grietas del sistema de controles, las zonas oscuras del mileísmo y la complicidad silenciosa de un sector de la prensa. Y mientras tanto, miles de damnificados siguen esperando respuestas que el poder político esquiva y que buena parte del poder mediático ni siquiera se anima a formular.
Si el informe de la comisión fue el last dance, la verdadera coreografía se baila afuera: en despachos, redacciones y sets donde algunos prefieren la comodidad de callar antes que el costo de incomodar.
