La causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo político: Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía y una de las personas mencionadas en las actuaciones judiciales, presentó su renuncia indeclinable luego de que en un allanamiento realizado en su domicilio se encontraran 700 mil dólares en efectivo, según confirmaron fuentes oficiales y judiciales.
Calvete era una pieza técnica del equipo económico y mantenía un rol operativo en cuestiones vinculadas a contrataciones y autorizaciones administrativas. Su nombre había comenzado a circular en el expediente a partir de una serie de mensajes y documentos que, según la investigación, la ubicaban en la cadena de decisiones del esquema de direccionamiento de fondos públicos que se investiga dentro del organismo que estuvo bajo conducción libertaria hasta hace pocas semanas.
La renuncia se produjo horas después de que trascendiera el resultado del allanamiento dispuesto por el juez federal a cargo del caso, en el que se incautó una importante suma de dinero en dólares. Para los investigadores, el hallazgo constituye un indicio relevante en una causa que ya había tomado volumen a partir de la detención de intermediarios, el pedido de prisión preventiva para ex funcionarios y la detección de una estructura que, según el fiscal, operaba para manipular contrataciones y desviar fondos destinados a programas de asistencia.
En el Gobierno intentaron rápidamente despegarse del episodio. Voceros del Ministerio de Economía remarcaron que la funcionaria “no formaba parte del círculo de decisión política” y que su renuncia fue “aceptada de inmediato”. El oficialismo busca evitar que el caso salpique al corazón del gabinete, especialmente en un momento en el que la administración nacional intenta cerrar filas frente al avance de la causa, que ya salpicó a dirigentes cercanos al oficialismo libertario.
Mientras tanto, en los tribunales federales sostienen que la investigación avanza con “pruebas contundentes”, entre ellas audios, intercambios de mensajes, documentación contable y vínculos directos entre algunos de los imputados. El hallazgo de los 700 mil dólares, dicen, no hace más que profundizar las sospechas sobre el funcionamiento interno del esquema.
La causa ANDIS, que ya es considerada uno de los expedientes más sensibles del año, continúa en plena expansión: se esperan nuevas indagatorias, eventuales pedidos de detención y ampliaciones de imputación que podrían alcanzar a más funcionarios y operadores políticos. La renuncia de Calvete, lejos de cerrar un capítulo, parece abrir otro.