El Tribunal Oral Federal 2 (integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) dispuso el decomiso de bienes pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados en la causa Vialidad, el expediente que investigó irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.
La medida se enmarca en la etapa de ejecución de sentencia y apunta a asegurar la recuperación patrimonial derivada del perjuicio económico identificado en el fallo condenatorio. En términos prácticos, el tribunal avanzará ahora en la identificación precisa de activos susceptibles de ser ejecutados: inmuebles, vehículos, cuentas y cualquier otro bien registrado a nombre de los condenados que pueda cubrir la suma fijada como reparación.
El decomiso, una herramienta prevista en el Código Penal para casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, vuelve a colocar a la causa Vialidad en el centro del tablero político y judicial, en un contexto donde el Gobierno empuja reformas estructurales y el sistema político reconfigura sus equilibrios internos. Para el oficialismo, la decisión del TOF 2 funciona como un recordatorio de los límites institucionales que persisten incluso en tiempos de hiperconcentración del poder; para el peronismo, llega en medio de un intento por reconstruir estrategia y liderazgo.
Mientras tanto, el expediente avanza hacia la instancia decisiva: la revisión final en la Corte Suprema, que deberá pronunciarse sobre la validez o no de todo el proceso. Hasta entonces, las medidas patrimoniales seguirán su curso. Para la Justicia, se trata de resguardar el eventual recupero de fondos; para la política, es un movimiento más en una causa que lleva años moldeando el clima público y la disputa entre oficialismo y oposición.