Por Romualdo de la Hoya
En la Argentina del mileísmo, donde el poder real se administra a puertas cerradas y con una verticalidad casi monárquica, hay un dato que ya nadie serio puede disimular: cada vez que se tironea de las causas ANDIS y Libra, el hilo siempre termina rozando el despacho de Karina Milei. No porque haya una imputación directa —hoy no la hay—, sino porque el corazón político y administrativo del Gobierno pasa por ella, porque su entorno aparece mencionado en cada expediente sensible, y porque la propia dinámica interna del oficialismo la convirtió en La Jefa de hecho.
Sin embargo, mientras los tribunales trabajan y el Congreso investiga, la gran mayoría del ecosistema periodístico nacional actúa como si hubiera un vallado invisible alrededor de la hermana del Presidente. No se nombra, no se analiza y no se profundiza. El blindaje es tan evidente que ya forma parte del paisaje: cualquier funcionario o empresario puede ser triturado en la picadora mediática, menos Karina.
Y lo más llamativo es que no es por miedo. Es por negocio.
El círculo rojo de la prensa, ese entramado de operadores, directivos, columnistas premium y lobbistas disfrazados de informativistas, tiene demasiado para perder como para hurgar donde el poder más real de la Argentina actual no quiere que se hurgue.
Porque si algo revelaron las investigaciones legislativas sobre Libra y el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad es que la estructura de intermediarios, consultores y operadores que circulan alrededor del mileísmo es casi idéntica a la de cualquier gobierno anterior. Cambian los nombres, cambia el marketing anarcocapitalista, cambia la retórica anti-casta, pero el funcionamiento del poder se mantiene intacto.
Y ahí aparece el dilema que los grandes medios no quieren narrar:
¿Cómo cubrir causas que rozan el corazón del Gobierno sin tocar a quien el propio Presidente considera la persona más poderosa del país?
La respuesta, hasta ahora, es simple: no lo cubren. O lo cubren amputado, filtrado, descafeinado.
Se investiga “la corrupción”, pero sin nombrar a quienes dirigen la estructura política.
Se habla de operadores “cercanos”, pero sin explicar cercanos a quién.
Se mencionan irregularidades, pero se evita cualquier análisis político profundo sobre quién manda realmente.
La autocensura es tan descarada que ya se volvió costumbre.
Mientras tanto, en el Congreso, cada comparecencia, cada cruce de datos y cada aparición de nombres vinculados al oficialismo termina orbitando sobre la misma pregunta:
¿Quién habilita, quién protege, quién ordena la estructura que aparece en los expedientes?
No hace falta una teoría conspirativa.
No hace falta una acusación penal.
Hace falta simplemente observar cómo funciona el poder en la Argentina 2025.
Y eso, justamente eso, es lo que gran parte de la prensa no quiere hacer.
Porque para hacerlo debería admitir su propio fracaso, su propia complicidad y su propio rol —consciente o no— en mantener intacto un poder que dice combatir la casta mientras reproduce sus lógicas más clásicas.
Las causas ANDIS y Libra todavía están en pleno desarrollo.
Pero algo sí está claro: cada vez que se tira de la cuerda, el silencio se hace más espeso.
No porque falten datos.
Sino porque sobran intereses.
Y ahí es donde la prensa argentina vuelve a caer en su pecado original:
no contar lo que incomoda al poder, sino lo que le es funcional.