En las últimas semanas, el conflicto entre el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y la Municipalidad de Córdoba, encabezada por el intendente Daniel Passerini, ha escalado en intensidad, marcado por protestas, asambleas y tensiones en torno a reclamos salariales. Este enfrentamiento, que lleva meses sin resolverse, podría encontrar una pausa temporal a través de una conciliación obligatoria, una herramienta que busca descomprimir la situación y abrir un nuevo espacio de diálogo.
El SUOEM, liderado por Rubén Daniele, ha intensificado sus medidas de fuerza, incluyendo asambleas diarias y movilizaciones en el centro de la ciudad, exigiendo mejoras salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo, estimada por el gremio en más de un 14% en el último año. Desde el sindicato argumentan que los incrementos ofrecidos por el municipio –un 9% según las últimas negociaciones– son insuficientes frente a la inflación acumulada. Además, cuestionan la precarización laboral y los descuentos aplicados por horas de asamblea, lo que ha elevado la tensión con la gestión municipal.
Por su parte, la Municipalidad de Córdoba sostiene que los recursos económicos son limitados debido a la caída en la coparticipación provincial y la recaudación propia. El intendente Passerini ha defendido la gestión, destacando que el sueldo promedio de los empleados municipales supera los 2.1 millones de pesos netos, y ha señalado que las protestas podrían estar motivadas por intereses políticos de Daniele, quien busca su reelección en el gremio.
En este contexto, la posibilidad de una conciliación obligatoria, dictada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia, surge como una alternativa para frenar las medidas de fuerza y normalizar la atención en las dependencias municipales. Esta medida, que ya se aplicó en noviembre de 2024 por 15 días hábiles, prohíbe al gremio realizar protestas y al municipio tomar decisiones laborales que alteren las condiciones actuales. Según fuentes cercanas al intendente, el SUOEM podría solicitar esta intervención para evitar descuentos salariales, aunque Daniele ha expresado su desacuerdo con la herramienta, acusando a Passerini de usarla estratégicamente para dilatar el conflicto.
La conciliación obligatoria, de concretarse, podría extenderse hasta fines de junio o principios de julio, según estimaciones, dando un respiro a los vecinos afectados por las interrupciones en los servicios municipales. Sin embargo, el enfrentamiento de fondo persiste: el gremio insiste en recuperar el poder adquisitivo perdido, mientras el municipio argumenta limitaciones presupuestarias. La resolución definitiva dependerá de las negociaciones que se retomen en las próximas audiencias, donde ambas partes deberán acercar posiciones para evitar una nueva escalada.
Este conflicto refleja las tensiones más amplias que atraviesan los municipios en un contexto económico adverso, donde la inflación y la restricción de fondos complican los acuerdos paritarios. Mientras tanto, la ciudadanía de Córdoba espera una solución que garantice tanto los derechos de los trabajadores como la continuidad de los servicios esenciales.