En un reciente mensaje publicado en la red social X, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó la continuidad del programa alimentario escolar Paicor, implementado en el colegio Alejandro Carbó de la capital provincial. En su publicación, Llaryora subrayó la importancia de este programa en un contexto de profunda crisis económica, afirmando que «la crisis que atraviesa nuestro país está golpeando con fuerza a miles de familias». La declaración no solo pone en valor el esfuerzo provincial por garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes, sino que también deja entrever una crítica implícita a las políticas del gobierno nacional, responsables, según el gobernador, de agravar las dificultades que enfrentan los sectores más vulnerables.

El Paicor, un pilar de la política social cordobesa, beneficia a miles de niños y niñas, proporcionando comidas en las escuelas públicas para combatir la inseguridad alimentaria. En un escenario donde la inflación, la devaluación y el ajuste económico han reducido el poder adquisitivo de las familias, el programa se vuelve aún más crucial. La decisión de Llaryora de visibilizar esta iniciativa en un establecimiento educativo refleja el compromiso de la provincia por sostener políticas de inclusión, a pesar de las restricciones presupuestarias que enfrentan los gobiernos provinciales en un contexto de recortes de fondos nacionales.

Sin embargo, la mención de la «crisis que atraviesa nuestro país» no pasa desapercibida. Las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, han sido objeto de críticas por parte de gobernadores y sectores sociales, que señalan su impacto directo en el aumento de la pobreza y la desigualdad. La reducción de partidas presupuestarias para programas sociales, la eliminación de subsidios y la falta de políticas activas para mitigar el impacto de la inflación han dejado a las provincias en una posición de mayor responsabilidad para atender las necesidades básicas de la población. En este sentido, la gestión de Llaryora parece buscar un equilibrio entre el sostenimiento de programas esenciales como el Paicor y la presión sobre el gobierno nacional para que asuma un rol más activo en la protección de los sectores más golpeados.

La crítica al gobierno nacional, aunque no explícita en la publicación de Llaryora, se deduce del contexto. Mientras Córdoba refuerza su compromiso con la niñez a través del Paicor, el Ejecutivo nacional parece desentenderse de las consecuencias sociales de sus medidas económicas. La falta de un plan integral para abordar la inseguridad alimentaria a nivel país contrasta con los esfuerzos provinciales, que, si bien valiosos, no pueden compensar por sí solos la ausencia de políticas nacionales robustas. Este desfasaje pone en evidencia una desconexión entre las prioridades del gobierno central y las necesidades urgentes de la población, dejando a las provincias como dique de contención ante una crisis que no cesa.

En conclusión, la publicación de Llaryora en X no solo celebra un logro de la gestión provincial, sino que también invita a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas en tiempos de adversidad. El Paicor es un ejemplo de resistencia frente a la crisis, pero también un recordatorio de que las soluciones de fondo requieren un compromiso nacional que, hasta el momento, brilla por su ausencia. La pelota, parece decir Llaryora, está en la cancha del gobierno nacional.

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