Tras el fallo, la defensa de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) para que la expresidenta cumpla su condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde reside actualmente junto a su hija Florencia. El escrito, de 13 páginas, argumenta que esta medida es adecuada debido a la edad de Kirchner (72 años), lo que la habilita a solicitar este beneficio según la Ley 24.660, que regula el arresto domiciliario para mayores de 70 años, entre otros casos.
Además, los abogados solicitaron que no se le imponga el uso de una tobillera electrónica, alegando que Kirchner cuenta con custodia permanente de la Policía Federal, lo que garantizaría que no se profugue. También se destacó su condición de exmandataria y el intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022 como razones de seguridad que justifican evitar su reclusión en una cárcel común. La defensa advirtió que, de no aprobarse el pedido, recurrirán a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos, denunciando una presunta persecución política (lawfare).
El juez Jorge Gorini, a cargo del TOF 2, otorgó a Kirchner y los demás condenados un plazo de cinco días hábiles (hasta el 19 de junio) para presentarse en los tribunales de Comodoro Py y formalizar su detención. Sin embargo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la “detención inmediata” de la expresidenta, considerando excesivo el plazo otorgado. Este pedido fue rechazado por el tribunal, que también ordenó al Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, identificar en 24 horas una dependencia adecuada para alojar a los condenados en caso de que no se convalide la prisión domiciliaria antes del plazo.
El pedido de prisión domiciliaria no es automático y está sujeto a la evaluación del TOF 2, que considerará informes socioambientales y las presentaciones de la defensa y la fiscalía. Entre las opciones evaluadas para Kirchner, el departamento de Constitución es la más probable, aunque también se mencionan su domicilio en El Calafate o, en un escenario menos viable, una dependencia de las fuerzas federales como la Alcaidía de Mujeres en Buenos Aires.
La confirmación de la condena ha generado fuertes reacciones. Militantes peronistas se congregaron frente al departamento de Kirchner y en la sede del Partido Justicialista (PJ), que ella preside, mientras que algunos sindicatos, como la CGT, expresaron su apoyo y advirtieron sobre posibles movilizaciones. Por su parte, el presidente Javier Milei celebró el fallo con un escueto “Justicia. Fin” en redes sociales, mientras que el oficialismo busca mantener distancia, evitando un operativo policial que pueda ser interpretado como politizado.
El caso de Kirchner, primera expresidenta constitucional en enfrentar una condena firme, marca un hito en la historia judicial argentina. La resolución final sobre su prisión domiciliaria y las condiciones de su cumplimiento, así como el impacto político de esta sentencia en un año electoral, seguirán siendo temas centrales en los próximos días.