En un operativo de gran magnitud llevado a cabo hoy, la Justicia de Córdoba ordenó la detención de Ariel, Pablo, Matías y Lucas Márquez, propietarios de la constructora Márquez y Asociados, junto con su contador, Ramiro Nieva. La medida, dispuesta por el fiscal de Delitos Complejos Enrique Gavier, responde a una investigación por presunta asociación ilícita y estafas reiteradas, tras centenares de denuncias presentadas por clientes en Córdoba y otras provincias del país.
Los allanamientos simultáneos se realizaron desde la madrugada en la sede central de la empresa, ubicada en barrio Tablada Park, y en los domicilios de los imputados, situados en barrios cerrados del noroeste de Córdoba y Villa Allende. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron dinero en efectivo, vehículos de alta gama y otros bienes, aunque no se precisó el monto exacto ni la cantidad de elementos confiscados. Los detenidos fueron trasladados al complejo carcelario de Bouwer, donde permanecerán a disposición de la fiscalía.
La investigación apunta a un esquema fraudulento de gran escala, calificado como una “mega causa” por su alcance nacional. Según las denuncias, Márquez y Asociados ofrecía contratos para construir viviendas con plazos de entrega de 12 meses, pero utilizaba los pagos de nuevos clientes para saldar deudas con otros, generando un “cuello de botella” financiero. Cientos de familias, provenientes de provincias como Santa Fe, Mendoza, La Rioja y Neuquén, aseguran haber entregado sus ahorros sin recibir las casas prometidas, mientras que otras enfrentaron retrasos prolongados o construcciones inconclusas.
El fiscal Gavier destacó que existen pruebas suficientes para justificar las detenciones, subrayando el “poder económico” de los acusados, que podría entorpecer la investigación. Por su parte, la Dirección General de Defensa del Consumidor de Córdoba reportó más de 300 denuncias contra la empresa desde 2021, con una sanción de $260 millones por incumplimientos contractuales. Además, empleados de la firma se sumaron a las protestas, reclamando sueldos adeudados desde hace meses.
El caso ha generado conmoción en la opinión pública, con estimaciones que sugieren hasta mil damnificados. Abogados de las víctimas, como César Bustos Esquivel, denuncian un “modus operandi” basado en promesas incumplidas y cláusulas abusivas, exigiendo justicia para las familias afectadas. La investigación continúa para determinar el alcance total del presunto fraude y las responsabilidades penales de los involucrados.