La defensa cerrada de Patricia Bullrich a Manuel Adorni no solo expone una estrategia política conocida, sino también una contradicción difícil de disimular: el Gobierno que llegó prometiendo “terminar con los privilegios” hoy se refugia en el manual clásico de la política cuando uno de los propios queda bajo sospecha.
Bullrich eligió Córdoba para ensayar una puesta en escena calculada. Apeló al “principio de inocencia”, habló del “dolor” de la familia de Adorni y repitió que no corresponde condenar a nadie antes de que actúe la Justicia. Todo suena razonable en abstracto. El problema es el contexto: no se trata de un ciudadano común, sino del jefe de Gabinete de Javier Milei, uno de los funcionarios más poderosos del país.
Ahí es donde el discurso empieza a hacer ruido.
Porque mientras Bullrich pide prudencia judicial para Adorni, no muestra la misma cautela al referirse a otros actores. Sin ir más lejos, calificó de “locura” a un fallo judicial que frenó la reforma laboral, acusó a la Justicia Laboral de “connivencia” y sostuvo que durante años “quebró empresas”. Es decir: la independencia judicial parece valer solo cuando protege a los propios.
El doble estándar es evidente.
Por un lado, se invoca la división de poderes para blindar a un funcionario clave en medio de un escándalo. Por el otro, se desacredita a jueces cuando sus decisiones afectan el programa económico del Gobierno. No es respeto institucional: es conveniencia política.
El intento de Bullrich de “familiarizar” el caso —hablar del dolor de la familia de Adorni— también resulta llamativo. No se está discutiendo una cuestión privada, sino posibles responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Llevar el eje al plano emocional no aclara nada: más bien busca desviar la atención.
Y mientras tanto, el propio Adorni se mantiene en silencio.
Ese silencio, lejos de ayudar, alimenta las dudas. En cualquier administración que realmente priorice la transparencia, la respuesta no sería el hermetismo ni el blindaje político, sino explicaciones claras y rápidas. Pero acá ocurre lo contrario: cierre de filas, relativización del problema y apelación a la Justicia como única salida.
El resto de las declaraciones de Bullrich refuerzan la sensación de desconexión. Admitió atrasos en el PAMI —es decir, problemas concretos que afectan a jubilados—, pero los presentó como una cuestión “temporal”, casi menor. Todo mientras el Gobierno insiste en que “el rumbo no se puede torcer un milímetro”.
La combinación es delicada: ajuste, conflictos judiciales, servicios públicos tensionados y ahora un escándalo que roza al corazón del poder.
En ese escenario, la defensa corporativa de Bullrich no fortalece al Gobierno: lo expone. Porque confirma que, cuando la crisis toca a uno de los propios, las reglas cambian.
Y la promesa de una política distinta empieza a parecerse demasiado a la de siempre.
no solo expone una estrategia política conocida, sino también una contradicción difícil de disimular: el Gobierno que llegó prometiendo “terminar con los privilegios” hoy se refugia en el manual clásico de la política cuando uno de los propios queda bajo sospecha.
Bullrich eligió Córdoba para ensayar una puesta en escena calculada. Apeló al “principio de inocencia”, habló del “dolor” de la familia de Adorni y repitió que no corresponde condenar a nadie antes de que actúe la Justicia. Todo suena razonable en abstracto. El problema es el contexto: no se trata de un ciudadano común, sino del jefe de Gabinete de Javier Milei, uno de los funcionarios más poderosos del país.
Ahí es donde el discurso empieza a hacer ruido.
Porque mientras Bullrich pide prudencia judicial para Adorni, no muestra la misma cautela al referirse a otros actores. Sin ir más lejos, calificó de “locura” a un fallo judicial que frenó la reforma laboral, acusó a la Justicia Laboral de “connivencia” y sostuvo que durante años “quebró empresas”. Es decir: la independencia judicial parece valer solo cuando protege a los propios.
El doble estándar es evidente.
Por un lado, se invoca la división de poderes para blindar a un funcionario clave en medio de un escándalo. Por el otro, se desacredita a jueces cuando sus decisiones afectan el programa económico del Gobierno. No es respeto institucional: es conveniencia política.
El intento de Bullrich de “familiarizar” el caso —hablar del dolor de la familia de Adorni— también resulta llamativo. No se está discutiendo una cuestión privada, sino posibles responsabilidades en el ejercicio de la función pública. Llevar el eje al plano emocional no aclara nada: más bien busca desviar la atención.
Y mientras tanto, el propio Adorni se mantiene en silencio.
Ese silencio, lejos de ayudar, alimenta las dudas. En cualquier administración que realmente priorice la transparencia, la respuesta no sería el hermetismo ni el blindaje político, sino explicaciones claras y rápidas. Pero acá ocurre lo contrario: cierre de filas, relativización del problema y apelación a la Justicia como única salida.
El resto de las declaraciones de Bullrich refuerzan la sensación de desconexión. Admitió atrasos en el PAMI —es decir, problemas concretos que afectan a jubilados—, pero los presentó como una cuestión “temporal”, casi menor. Todo mientras el Gobierno insiste en que “el rumbo no se puede torcer un milímetro”.
La combinación es delicada: ajuste, conflictos judiciales, servicios públicos tensionados y ahora un escándalo que roza al corazón del poder.
En ese escenario, la defensa corporativa de Bullrich no fortalece al Gobierno: lo expone. Porque confirma que, cuando la crisis toca a uno de los propios, las reglas cambian.
Y la promesa de una política distinta empieza a parecerse demasiado a la de siempre.