Por Margarita Olarticoechea Posadas
A dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el balance de gestión muestra un país atravesado por cambios profundos, con logros en materia fiscal y macroeconómica, pero también con deudas abiertas en lo social, productivo y en varias de sus promesas de campaña. El oficialismo celebra haber “ordenado las cuentas”, mientras que amplios sectores sociales advierten que ese orden aún no llegó a la vida cotidiana.
Las promesas que sí se cumplieron
La marca más visible del gobierno es el ajuste fiscal. En estos dos años se redujo drásticamente el gasto público: se eliminaron organismos, se fusionaron ministerios, se recortaron partidas y se produjo un achicamiento significativo del Estado. El Presidente logró algo que parecía imposible en administraciones anteriores: cerrar las cuentas con superávit y mostrar un equilibrio fiscal después de más de una década de déficit constante.
Esa política fue acompañada por una desaceleración de la inflación, que si bien sigue alta, ya no registra los niveles explosivos de los meses previos a su asunción. Para el Gobierno, este es el argumento central para justificar la dureza del ajuste: estabilizar primero, crecer después.
También avanzó —de manera parcial— en algunas de las reformas institucionales prometidas. Desde cambios en carteras del Estado hasta iniciativas laborales y tributarias que ya ingresaron al debate legislativo, Milei logró instalar una agenda de reformas estructurales que, con resistencia, empieza a tomar forma.
Promesas incumplidas o a medio camino
A pesar de los anuncios iniciales, muchas de las metas centrales permanecen en suspenso. Diversas promesas de campaña avanzaron poco o siguen sin resultados visibles. El paquete de reformas profundo que el Presidente imaginó para sus primeros meses chocó con límites políticos, falta de acuerdos legislativos y tensiones internas.
En materia social, los recortes aplicados golpearon con fuerza. La eliminación o reducción de subsidios, los ajustes en programas y el desplome de inversiones públicas generaron un impacto directo en la vida de millones de argentinos. La recuperación del ingreso real no llegó: salarios y jubilaciones continúan rezagados frente a los aumentos de precios acumulados y la recomposición es lenta.
En el plano productivo, la actividad industrial y el empleo formal aún no muestran señales de una recuperación consistente. La expectativa del Gobierno es que, con el orden macroeconómico logrado, la inversión privada comience a traccionar por sí sola, pero eso todavía no se traduce en un crecimiento perceptible.
El contraste entre los números y la calle
El segundo año de gestión deja un contraste evidente: mientras el Gobierno exhibe datos macroeconómicos como prueba de éxito, la vida cotidiana de una parte considerable de la población continúa marcada por la caída del consumo, el deterioro del poder adquisitivo y el retroceso de servicios básicos que dependían del financiamiento estatal.
Para Milei, la Argentina está “saliendo del pozo” y atravesando el costo de una “terapia de shock” necesaria. Para sus críticos, el ajuste se hizo sin amortiguadores sociales y sin un plan claro que contenga a quienes quedaron al margen.
Un tercer año que definirá el rumbo
Con el equilibrio fiscal como bandera y la inflación desacelerándose, el Gobierno promete que lo peor ya pasó. Pero el desafío de los próximos meses será lograr que la estabilidad macroeconómica se traduzca en una recuperación palpable para la ciudadanía: empleo, salarios, obra pública, crédito, producción y servicios.
El país ingresa a la segunda mitad del mandato con una pregunta central: ¿podrá Milei transformar el orden de los números en un orden en la vida real, o la sensación de crisis continuará pese a la mejora macroeconómica?
Los próximos dos años serán decisivos para responderlo.