Por Romualdo de la Hoya
El Gobierno celebró con euforia un superávit financiero de $517.672 millones en octubre, como si se tratara de la prueba definitiva del éxito de su política económica. Pero basta apenas un vistazo más atento para descubrir que, detrás de ese número, hay más sombras que certezas. El truco es simple: ocultar debajo de la alfombra los intereses de la deuda, justo la partida que más crece y la más sensible para medir la salud real de las cuentas públicas.
Los números oficiales muestran equilibrio —incluso superávit financiero, el más difícil de conseguir—, pero la fachada se resquebrajó en cuestión de horas. Economistas de distintas corrientes advirtieron que el Ministerio de Economía computa solo el gasto efectivamente pagado, sin sumar la deuda flotante ni los intereses capitalizados, que igual engordan el pasivo del Estado. Lo que queda afuera del Excel, aflora inevitablemente más tarde.
El economista Nicolás Gadano fue directo al punto: si se suma lo que se paga más lo que se capitaliza —intereses que no desaparecen, sino que simplemente se transforman en más deuda—, el resultado financiero acumulado a octubre es un déficit del 2,3% del PBI. Su diagnóstico, lejos de ser una mirada opositora, es compartido en voz baja incluso dentro del oficialismo. Un ex funcionario del propio Palacio de Hacienda lo resumió con crudeza: “La contabilidad no miente, pero permite ciertos encuadres. El superávit es la joya de la corona del oficialismo; si falla, se cae todo el andamiaje discursivo”.
Y allí está el corazón del problema: el superávit existe, sí, pero solo bajo una arquitectura contable cada vez más exigida, que necesita creatividad creciente para sostener el relato. La realidad fiscal va en otra dirección.
La recaudación cae. Los intereses de la deuda suben por encima de la inflación. Según el IARAF, el superávit primario ya retrocede un 16% interanual real; la recaudación de octubre llegó a $11,9 billones, un 2,4% menos en términos reales respecto de 2023. Y el superávit financiero —ese que se presenta como trofeo— se derrumbó un 25%. No hay magia posible: hay menos ingresos y más intereses.
El golpe fue doble: por un lado, Bienes Personales, con la mayor caída por el efecto del blanqueo y la rebaja del régimen especial; por el otro, las retenciones, afectadas por la liquidación anticipada de divisas para sostener el tipo de cambio en la previa electoral, un atajo que ahora deja un bache imposible de disimular. Mientras tanto, los intereses de la deuda —solo los pagados, sin contar los que se esconden “debajo de la línea”— crecieron 4,3% en términos reales.
Nada de esto es un tecnicismo. Es la señal de que el ajuste empieza a encontrar sus límites naturales. Con una economía que se enfría, una recaudación que afloja y un costo financiero que no deja de trepar, la narrativa del “superávit limpio” enfrenta nubarrones cada vez más difíciles de ignorar.
El oficialismo insiste en que el equilibrio fiscal es el cimiento de todo lo demás. Pero el equilibrio real —el que no depende de postergaciones, devengados reordenados o intereses disimulados— sigue siendo una meta esquiva. Y la política económica, más que una cruzada moral, es una práctica que no tolera autoengaños por mucho tiempo.
El problema no es la búsqueda del superávit. El problema es sostener un relato sobre un superávit que, cuando se cuenta completo, simplemente no existe. Y la credibilidad, en materia fiscal, es el recurso que más rápido se agota cuando los números dejan de acompañar.