El cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), o su progresiva desarticulación, representa un golpe severo a la infraestructura y la conectividad de Argentina, con consecuencias económicas, sociales y políticas de largo alcance. Esta decisión, enmarcada en políticas de ajuste fiscal y reducción del Estado, no solo compromete el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional, sino que agrava las desigualdades regionales y pone en riesgo la seguridad de miles de usuarios.
La DNV, encargada de planificar, construir y mantener las rutas nacionales, es un pilar fundamental para la integración territorial y el desarrollo económico. Su debilitamiento implica el abandono de proyectos clave, como la ampliación de rutas estratégicas o la reparación de caminos deteriorados, lo que afecta directamente al transporte de mercancías, el comercio interno y las exportaciones. Según datos históricos, el mal estado de las rutas argentinas ya genera sobrecostos logísticos de hasta un 30% en comparación con países con infraestructura moderna. Este impacto recae especialmente en productores agrícolas e industrias que dependen de la conectividad para competir en mercados globales.
Desde una perspectiva social, el deterioro de las rutas incrementa los riesgos de accidentes viales, un problema que ya se cobra miles de vidas al año en el país. Además, las regiones más alejadas, como el norte y la Patagonia, sufren un aislamiento aún mayor, profundizando las brechas de desarrollo con el centro del país. Comunidades enteras quedan desatendidas, con accesos precarios que dificultan el acceso a servicios esenciales como salud y educación.
Políticamente, el cierre de Vialidad Nacional refleja una visión cortoplacista que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la inversión en infraestructura estratégica. Si bien la reducción del gasto público puede aliviar presiones inmediatas, la falta de mantenimiento vial generará costos exponenciales a mediano y largo plazo, tanto en reparaciones como en pérdida de competitividad económica. Además, la transferencia de responsabilidades a provincias o al sector privado, sin un plan claro, puede derivar en una gestión fragmentada y desigual, donde las regiones más pobres queden relegadas.
El cierre o desmantelamiento de Vialidad Nacional no es una simple medida administrativa, sino una decisión que hipoteca el futuro del país. La infraestructura vial no solo conecta puntos geográficos, sino que es la columna vertebral de la economía y la cohesión social. Revertir esta política exige un debate serio sobre el rol del Estado en el desarrollo nacional y una planificación que equilibre la sostenibilidad fiscal con la inversión en bienes públicos esenciales.