El Congreso de la Nación dio un paso histórico al rechazar el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), marcando la primera vez en más de 20 años que el Legislativo logra los dos tercios necesarios para anular un veto presidencial. Con 63 votos a favor y 7 en contra en el Senado, y un respaldo previo en Diputados, esta decisión no solo restituye una ley crucial para las personas con discapacidad, sino que expone la desconexión del gobierno libertario con las demandas sociales más urgentes.
La Ley 27.793 declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2026, asegurando la regularización de pagos a prestadores, la actualización de aranceles según la inflación y la reformulación de pensiones no contributivas. Su impacto fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, es mínimo: apenas un 0,03% del PBI en 2025. Sin embargo, Milei, obsesionado con el «equilibrio fiscal», vetó la norma mediante el Decreto 534/2025, alegando que comprometía las cuentas públicas. Este argumento, además de débil, ignora la realidad de miles de personas que dependen de estas políticas para acceder a tratamientos, educación especial y una vida digna.
El veto no fue un hecho aislado, sino parte de una serie de decisiones que reflejan la prioridad del gobierno: ajustar a costa de los más vulnerables. En lo que va de su gestión, Milei ha vetado leyes como el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y el financiamiento universitario, consolidando una política de exclusión que el senador Eduardo De Pedro calificó como «desesperante» para las personas con discapacidad. La respuesta social fue contundente: familias, organizaciones y activistas se movilizaron en Plaza de Mayo y frente al Congreso, exigiendo la defensa de derechos conquistados con años de lucha.
El fallo del juez federal Adrián González Charvay, que declaró el veto inconstitucional por discriminatorio, reforzó la presión. Citando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez subrayó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho al cuidado, por encima de restricciones presupuestarias. Esta resolución, sumada a la movilización social y al consenso político en el Congreso, dejó en evidencia la fragilidad del relato oficialista.
La anulación del veto es una victoria para las personas con discapacidad y un mensaje claro al Ejecutivo: el ajuste no puede pisotear derechos esenciales. Sin embargo, como advirtió el senador José María Carambia, el gobierno debe ahora cumplir con la promulgación y ejecución de la ley sin maniobras dilatorias, o podría enfrentar consecuencias legales, incluso un potencial juicio político.
Milei, que se jacta de ser un defensor de la libertad, ha mostrado con este veto que su visión excluye a quienes más necesitan del Estado. La sociedad y el Congreso han hablado: la dignidad de las personas con discapacidad no es negociable. El gobierno tiene ahora la oportunidad de rectificar su rumbo y priorizar a los más vulnerables. Si no lo hace, la resistencia social y política ya ha demostrado que no se quedará de brazos cruzados.
Los senadores cordobeses votaron de la siguiente manera en el rechazo al veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en discapacidad:
- Luis Juez (PRO): Votó a favor del rechazo al veto, apoyando la revalidación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
- Alejandra Vigo (Provincias Unidas): Votó a favor del rechazo al veto, respaldando la insistencia en la ley.
- Carmen Álvarez Rivero (PRO): Votó en contra del rechazo al veto, apoyando la decisión presidencial de mantener el veto.