La reciente intervención de la Policía Ambiental de Córdoba en un predio de Mendiolaza revela una grave situación que pone en tela de juicio la gestión de la intendenta Adela Arning, quien ha demostrado una preocupante incapacidad para controlar y regular actividades que afectan el medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos.
En el operativo, se constató la existencia de enterramientos ilegales de poda, residuos sólidos urbanos y escombros en un predio ubicado sobre la ruta Intermunicipal, en la zona del barrio El Perchel, en un terreno que, según la denuncia presentada por la agrupación vecinal Mendiolaza Viva, ha estado siendo utilizado de manera irregular por el municipio. La presencia de movimiento de suelo, fosas abiertas y maquinaria municipal en el lugar, sin permisos oficiales del Ministerio de Ambiente, evidencia claramente una falta de control y de compromiso por parte del municipio hacia las normativas ambientales y la protección del entorno natural.
Lo más alarmante es que estos hechos no son aislados ni recientes. Desde hace más de un año, los vecinos vienen denunciando prácticas similares, incluyendo enterramientos y disposición de residuos en sitios no autorizados, hechos que, hasta ahora, no parecieron motivar una respuesta efectiva por parte del gobierno local. La constancia evidencia que, incluso en los operativos más recientes, la gestión de Arning no ha implementado las medidas necesarias para prevenir o sancionar estas actividades, permitiendo que la ilegalidad siga proliferando en su jurisdicción.
El caso adquiere un tinte aún más grave si se consideran antecedentes judiciales en los que exfuncionarios municipales —incluido el exintendente Daniel Salibi— fueron juzgados por delitos similares relacionados con la disposición irregular de residuos y el abuso de autoridad. Esto revela que, en lugar de aprender de estos errores, la gestión actual parece seguir facilitando un entorno donde las prácticas ilegales se vuelven normales, profundizando la problemática y perjudicando la biodiversidad, la salud pública y el bienestar de la comunidad.
La realidad es que, bajo la dirección de Adela Arning, Mendiolaza ha demostrado una lamentable falta de control y compromiso con la protección ambiental. La falta de fiscalización efectiva, la permisividad con actividades ilícitas y la ausencia de una política clara para erradicar estas prácticas sitúan a su gestión en la luz de una administración que prioriza la complacencia por sobre la legalidad y la responsabilidad ambiental. La comunidad de Mendiolaza merece una gestión que garantice la protección de su entorno y el cumplimiento de la normativa, no una que siga permitiendo el amiguismo y la negligencia en temas tan sensibles y cruciales como el cuidado del medio ambiente.