La gestión municipal de Fernando Luna, referente radical y actual legislador provincial, quedó en el centro de la escena tras la decisión del Gobierno nacional de iniciar acciones judiciales contra la Municipalidad de Villa de Soto por presuntas irregularidades cometidas durante su mandato como intendente entre 2019 y 2023.
El exintendente, alineado políticamente con el diputado nacional Rodrigo de Loredo, es señalado por la Auditoría General de la Nación como responsable de una serie de maniobras irregulares vinculadas al manejo de fondos públicos enviados por la Nación.
La demanda, presentada por el Ministerio del Interior, advierte un uso discrecional y opaco de recursos que supera el millón y medio de pesos cuando fuera otorgado, pero que hoy con intereses asciende a más 120 millones de pesos, destinados originalmente a obras de infraestructura y programas de mejoramiento urbano.
Entre las observaciones más graves se encuentran obras inconclusas, pagos a empresas fantasmas y rendiciones de cuentas incompletas o directamente inexistentes.
Los fondos, en su mayoría, provenían de programas nacionales destinados a municipios vulnerables. Nada de eso, sin embargo, se tradujo en mejoras visibles para los vecinos.
Aunque hoy Luna ocupa una banca en la Legislatura de Córdoba, su nombre vuelve a estar asociado a prácticas que recuerdan los peores vicios del municipalismo cordobés: discrecionalidad, falta de transparencia y uso clientelar de los recursos públicos.
Desde el entorno del legislador minimizan la situación y ensayan una defensa política: aseguran que se trata de una “operación” contra dirigentes opositores con proyección. Sin embargo, los documentos oficiales muestran un patrón preocupante: convenios firmados, fondos girados, licitaciones amañadas y obras que jamás se hicieron.
El dato político no pasa desapercibido: Luna es un hombre del riñón de Rodrigo de Loredo, figura clave del radicalismo cordobés dentro de Juntos por el Cambio aunque simpatizando y rogando la bendición de Milei y su hermana para acceder a un lugar en la lista libertaria. El escándalo amenaza con salpicar no solo al legislador, sino también a la estrategia de construcción territorial de De Loredo en el interior de la provincia.
Por su parte, la actual intendenta María José Acuña, aseguró que su gestión colabora plenamente con la Justicia y remarcó que “la administración anterior dejó un municipio con deudas, obras paradas y rendiciones cuestionadas. Los vecinos merecen saber qué pasó con esos fondos”, dijo Acuña en diálogo con Jornada Política.
El expediente, que ya está en manos del Juzgado Federal, podría derivar en imputaciones penales si se confirma que hubo delitos contra la administración pública. Mientras tanto, en Villa de Soto crece la indignación.
Fernando Luna no ha dado declaración, pero en los pasillos de la política cordobesa, ya se baraja que este escándalo podría afectar seriamente su futuro dentro del radicalismo y, por arrastre, comprometer también a quienes apuestan a su proyección.